Detenidos y fosas clandestinas en San Vicente de Tagua Tagua: un entramado criminal que exhibe las grietas del sistema

San Vicente de Tagua Tagua, un tranquilo sector rural de la Región de O'Higgins, se transformó en escenario de una tragedia que desnuda la violencia y el entramado criminal que operan bajo la superficie de comunidades vulnerables. El 6 de noviembre de 2025, Carabineros descubrió dos cuerpos enterrados en una fosa séptica durante un operativo antidrogas en el sector Pueblo de Indios. La escena, macabra y estremecedora, no solo impactó por la brutalidad de los hechos, sino por lo que reveló sobre las redes criminales que operan con impunidad en zonas alejadas y olvidadas por el Estado.

Un operativo que destapó una red

El hallazgo se produjo en medio de un amplio operativo que incluyó allanamientos en al menos 10 domicilios, con la participación del OS9, SIP y equipos especializados de Santiago y Rancagua. Nueve personas fueron detenidas inicialmente —siete chilenos y dos venezolanos— vinculadas a una organización dedicada al tráfico de drogas, secuestro calificado y asociación ilícita. Cinco de ellos quedaron en prisión preventiva, mientras que cuatro permanecen prófugos, según informó el fiscal regional Aquiles Cubillos.

"Estamos ante una red criminal que no solo trafica drogas, sino que ejerce violencia extrema contra sus propios miembros y víctimas, utilizando métodos de tortura y desaparición", explicó Cubillos. El fiscal agregó que la investigación sigue abierta, con nuevas órdenes de detención y diligencias en curso para esclarecer la totalidad de los hechos y posibles nuevos cuerpos enterrados en el terreno agreste.

Las víctimas: rostros y tragedias detrás de las cifras

Entre los cuerpos encontrados, uno fue identificado como Catalina González Rojas, una joven madre de 25 años y madre de tres hijos, desaparecida desde septiembre. Su cuerpo estaba calcinado y maniatado, mientras que el otro cadáver fue hallado descuartizado, con una data de muerte aproximada de seis meses. Familiares y amigos relataron que Catalina alcanzó a comunicarse brevemente para decir que estaba secuestrada, pero sin poder precisar detalles.

Este caso no solo conmueve por su brutalidad, sino porque evidencia cómo las víctimas son a menudo parte de los mismos círculos de vulnerabilidad y marginalidad en que operan estas organizaciones. Según fuentes ligadas a la investigación, ambas víctimas tenían vínculos con la organización criminal, ya sea como consumidores o vendedores de drogas, lo que refleja dinámicas de violencia autoinfligida dentro de estos grupos.

Divergencias y cuestionamientos desde distintos sectores

La brutalidad del caso ha generado reacciones encontradas en la opinión pública y política. Desde la derecha, se ha enfatizado la necesidad de fortalecer la seguridad y la presencia estatal en zonas rurales, apuntando a la insuficiencia de recursos policiales y judiciales para combatir el crimen organizado. El senador Matías Walker comentó: "Estos hechos son la consecuencia directa de la falta de control territorial y políticas públicas que lleguen a las comunidades más afectadas".

Por otro lado, sectores sociales y académicos advierten que el enfoque exclusivamente represivo no aborda las raíces del problema. La socióloga Daniela Rojas señala: "Estamos frente a un círculo vicioso donde la exclusión social, la pobreza y la ausencia de oportunidades alimentan estas redes criminales y la violencia que ejercen".

Organizaciones vecinales, por su parte, han expresado su preocupación por la estigmatización de la comuna y la falta de acompañamiento para las familias afectadas, demandando una respuesta integral que incluya prevención y reparación.

Lo que queda en evidencia y los desafíos futuros

Este caso en San Vicente de Tagua Tagua desnuda la complejidad de la violencia ligada al narcotráfico en zonas rurales, donde la ausencia del Estado y la precariedad social crean un caldo de cultivo para el crimen organizado y la violencia extrema. El hallazgo de fosas clandestinas y la brutalidad con la que fueron tratados los cuerpos evidencian un nivel de deshumanización que exige una respuesta urgente y multidimensional.

Si bien la justicia ha avanzado con detenciones y prisión preventiva, la existencia de prófugos y la posibilidad de más fosas en la zona apuntan a una red aún activa y peligrosa. La coordinación entre fuerzas policiales, el fortalecimiento de la investigación forense y la implementación de políticas sociales focalizadas serán claves para romper este círculo.

Finalmente, esta tragedia invita a una reflexión profunda sobre cómo las políticas de seguridad, justicia y desarrollo social deben articularse para evitar que más vidas se pierdan en la oscuridad de fosas clandestinas, y para que comunidades como Pueblo de Indios puedan aspirar a un futuro libre de miedo y violencia.

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Fuentes consultadas: Cooperativa.cl, La Tercera, Meganoticias, declaraciones fiscales y policiales oficiales.