
Un error que costó caro: así podría resumirse la crisis tarifaria que sacude a Chile desde hace semanas. La Comisión Nacional de Energía (CNE) aplicó dos veces el IPC en el cálculo de las tarifas eléctricas, una falla que pasó inadvertida para el Ministerio de Energía y el propio Ejecutivo hasta que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles la detectó casi por accidente. El resultado fue un sobrecobro estimado en más de 112 mil millones de pesos, que golpeó directamente la economía familiar y la ya frágil estabilidad inflacionaria del país.
La tragedia cotidiana de los hogares se traduce en facturas que crecieron más de un 60%, un golpe brutal para quienes viven al día y para quienes dependen de la electricidad para lo más básico: conservar alimentos, estudiar o simplemente calefaccionarse en invierno. “Para ellos, la electricidad no es una variable regulatoria, sino la diferencia entre comer fresco o perder la comida; entre estudiar con luz o hacerlo a oscuras”, señala un análisis social que acompaña esta crisis.
En el escenario político, la polémica no ha hecho más que agudizarse. El exministro Diego Pardow presentó su renuncia, pero la mancha de la incompetencia parece extenderse más allá de un solo actor. La oposición capitaliza la indignación ciudadana, denunciando un gobierno desconectado y sin capacidad técnica para administrar sectores clave. Por su parte, el oficialismo intenta contener la crisis con palabras técnicas y promesas de devolución, aunque sin plazos claros ni mecanismos definidos.
“El error no lo descubrió la CNE, ni el ministerio, ni el Presidente: lo detectó la Superintendencia casi por accidente, luego de años de omisión,” advierte un experto en regulación energética, poniendo en evidencia la falta de controles internos y la improvisación que ha marcado esta administración.
Las voces en pugna reflejan un país dividido:
- Desde la derecha, se acusa al gobierno de soberbia e irresponsabilidad, señalando que la crisis tarifaria es el síntoma de una gestión desastrosa y desconectada de la realidad.
- En el oficialismo, aunque se reconoce la falla, se insiste en que se trata de un problema técnico y que se está trabajando para reparar el daño, apelando a la necesidad de una mirada integral y de largo plazo sobre la política energética.
- Organizaciones sociales y académicos alertan sobre la urgencia de proteger a los sectores más vulnerables y de repensar el modelo tarifario para evitar que errores administrativos se traduzcan en sufrimiento social.
La lección que deja esta crisis es clara: no basta con buenas intenciones ni discursos bien construidos para administrar servicios esenciales. La falta de rigor técnico, la ausencia de fiscalización efectiva y la politización de la gestión pública pueden tener consecuencias tangibles y dolorosas para millones de personas.
Chile no está a oscuras por falta de energía, sino porque está pagando de más por un error que pudo evitarse. La pregunta que queda flotando en el aire es si esta administración y las futuras serán capaces de aprender de esta lección o si el costo seguirá siendo pagado por quienes menos tienen.
En definitiva, esta crisis no solo desnuda fallas técnicas, sino que también revela una profunda desconexión entre el Estado y la ciudadanía, un desafío que trasciende el cálculo tarifario y que exige una reflexión urgente sobre la calidad y la responsabilidad de la gestión pública en Chile.