Congelamiento del parque de taxis se extiende: un respiro para el sector, un desafío para la modernización
En un giro que ha marcado la agenda del transporte público en Chile, el Senado aprobó recientemente la prórroga del congelamiento del parque vehicular de taxis y colectivos por cinco años más, medida que busca estabilizar un sector golpeado por múltiples transformaciones y desafíos. La vigencia de la ley anterior expiraba el 15 de noviembre de 2025, y esta extensión ha generado una controversia que trasciende lo meramente técnico.
El proyecto, impulsado con unanimidad en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y liderado por el senador Alejandro Kusanovic (independiente, RN), se fundamenta en la necesidad de dar un respiro al sistema para que el Estado pueda implementar políticas de modernización, equidad territorial y sustentabilidad ambiental. Según el subsecretario Jorge Daza, esta prórroga es clave para cumplir con la meta de que los vehículos nuevos incorporados sean de cero emisiones, un compromiso que Chile ha asumido en su agenda climática.
Sin embargo, la medida ha desatado un debate intenso entre los distintos actores involucrados. Por un lado, los gremios de taxistas celebran la decisión como un alivio para miles de trabajadores que han visto amenazada su fuente de ingresos ante la proliferación de plataformas digitales y la competencia creciente. Para ellos, el congelamiento es un mecanismo que evita la saturación y la depreciación del valor de sus licencias, además de ofrecer un plazo para la adaptación a nuevas normativas.
Pero no todos comparten esta visión. Desde sectores ambientalistas y algunos expertos en movilidad urbana, la prórroga es vista como un freno a la necesaria renovación del parque automotor y a la incorporación de tecnologías limpias. "La estabilidad no puede ser excusa para postergar la transformación hacia un transporte más sostenible y eficiente", advierten. Asimismo, voces desde la academia y la sociedad civil cuestionan que esta medida no vaya acompañada de un plan integral que incluya capacitación, incentivos económicos y una mirada de largo plazo sobre la movilidad en las ciudades.
En el plano político, el proyecto refleja tensiones evidentes. Aunque fue aprobado con unanimidad en la comisión, su avance en el Senado ha sido calificado como urgente por algunos y como insuficientemente discutido por otros, especialmente en cuanto a su impacto en la innovación y la inclusión social. La ausencia de indicaciones del Ejecutivo en la tramitación ha dejado un vacío en la articulación de una política pública coherente.
La experiencia internacional muestra que la regulación del transporte público es un arte delicado, donde la protección de los derechos laborales debe equilibrarse con la apertura a nuevas tecnologías y modelos de negocio. En Chile, esta encrucijada se manifiesta en la prolongación del congelamiento, que si bien ofrece certidumbre inmediata, también puede profundizar la brecha entre un sistema tradicional y las demandas contemporáneas.
En definitiva, la prórroga del congelamiento del parque vehicular es un espejo donde se reflejan las complejidades de un sector en transición. La verdad ineludible es que el transporte público en Chile requiere no solo estabilidad, sino también una visión estratégica que integre sustentabilidad ambiental, justicia social y modernización tecnológica. El desafío será que las próximas políticas no solo extiendan plazos, sino que concreten soluciones que permitan a taxistas, usuarios y al país avanzar juntos hacia un modelo más justo y eficiente.