
El sexto aniversario del estallido social chileno se ha transformado en un nuevo campo de batalla entre dos de los principales candidatos presidenciales: Jeannette Jara, representante del oficialismo, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano. En una disputa que va más allá de las fechas y los hechos, se confrontan visiones encontradas sobre la naturaleza de las protestas y el papel que cada actor político jugó en ese convulsionado episodio de la historia reciente.
El 18 de octubre de 2019, más de dos millones de personas salieron a las calles de Chile para manifestar su descontento con las desigualdades y abusos del sistema. Sin embargo, la interpretación de este movimiento social se ha convertido en materia de controversia política.
Por un lado, Kast sostiene que el gobierno de entonces validó la violencia, acusando a la actual administración de haber celebrado el caos y de empujar al país hacia el abismo. En sus propias palabras, 'cuando terminen su mandato, no vuelvan a las calles a destruir lo que no supieron gobernar', expresó en su cierre de campaña, apelando a un discurso que busca responsabilizar al oficialismo por los daños ocurridos.
Frente a esto, Jara responde con vehemencia: 'Kast miente. La ultraderecha chilena le quiere pasar un mensaje a la ciudadanía que nunca más se le vaya a ocurrir salir a manifestarse'. Su rechazo se fundamenta en la convicción de que las protestas fueron una expresión legítima de amplios sectores sociales, especialmente de una clase media que se siente abandonada tanto por el Estado como por el sistema financiero.
Datos recientes de la Fiscalía indican que el 34% de los casos relacionados con el estallido social corresponden a violencia institucional, mientras un 31% se atribuye a violencia vandálica y desórdenes públicos. Este desglose evidencia la complejidad de los sucesos y la imposibilidad de reducirlos a una narrativa única.
Desde la perspectiva de la derecha, la violencia es el eje central que deslegitima las demandas sociales, mientras que desde el oficialismo se subraya la necesidad de no criminalizar la protesta y de atender las causas estructurales que la motivaron.
En el trasfondo de esta disputa está la instrumentalización política de la memoria del estallido, que se ha convertido en un símbolo de identidad y también en un arma discursiva para movilizar electores. La tensión refleja no solo un choque de interpretaciones, sino también un desafío para la convivencia democrática en un país que aún busca sanar sus heridas.
Finalmente, Jara plantea un programa que apunta a la seguridad pública, la creación de empleo decente y una reforma a la salud como respuestas concretas a los problemas que el estallido social puso en evidencia. Kast, por su parte, enfatiza la necesidad de orden y estabilidad para evitar que episodios similares se repitan.
Esta confrontación pone en evidencia que la verdad sobre el estallido social no es monolítica ni definitiva, sino que está en constante disputa, moldeada por intereses políticos y sociales. La memoria colectiva, lejos de ser un terreno neutral, se convierte en un campo donde se juegan las narrativas del futuro político de Chile.
Conclusión: La disputa entre Jara y Kast sobre la violencia del estallido social revela una profunda división en la sociedad chilena sobre cómo interpretar y enfrentar su pasado reciente. Más allá de las acusaciones, queda claro que cualquier abordaje efectivo debe reconocer la complejidad de los hechos y buscar respuestas integrales que permitan avanzar hacia una convivencia más justa y pacífica.