
En las últimas semanas, Chile ha experimentado una serie de movimientos sísmicos que, aunque de baja a moderada intensidad, han encendido nuevamente la discusión nacional sobre la preparación ante un eventual terremoto de gran magnitud. Entre septiembre y octubre de 2025 se registraron múltiples sismos en zonas como Ollagüe, Socaire, Mina Collahuasi y Vicuña, con magnitudes entre 2.8 y 3.2, según reportes del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.
Este fenómeno no es nuevo ni sorpresivo para un país ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, pero ha puesto en evidencia las tensiones y desafíos que persisten en torno a la gestión del riesgo sísmico.
Desde sectores de oposición, se ha cuestionado la lentitud y fragmentación de las políticas públicas en materia de prevención y reconstrucción, señalando que la experiencia del terremoto de 2010 no ha sido suficientemente capitalizada. Argumentan que la centralización de recursos y la falta de inversión en infraestructura resistente en regiones del norte y centro dejan a amplias comunidades en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, representantes del gobierno actual defienden los avances realizados en los últimos años, destacando la actualización de los planes de emergencia, la modernización de los sistemas de alerta temprana y la incorporación de tecnologías de monitoreo sísmico. Sin embargo, reconocen que el desafío es permanente y que la cultura preventiva debe fortalecerse a nivel ciudadano.
Regiones como Antofagasta y Atacama, epicentros de varios de los temblores recientes, muestran un contraste marcado en términos de preparación y respuesta. Mientras en algunas comunas se han implementado simulacros regulares y campañas educativas, en otras persiste la falta de recursos y coordinación interinstitucional.
Un dirigente vecinal de Calama señaló: "Estamos cansados de que nos recuerden el riesgo solo cuando tiembla. La prevención debe ser constante, con apoyo real y no solo palabras". Esta voz refleja la sensación de abandono que sienten comunidades alejadas de los centros políticos y económicos.
Expertos en sismología y gestión de riesgos han enfatizado la necesidad de abordar el tema desde una perspectiva multidisciplinaria. Más allá de la tecnología y la infraestructura, destacan la importancia de la educación continua, la participación ciudadana y la integración de saberes locales.
La geóloga María Fernández comenta: "No basta con medir la magnitud de los sismos; debemos entender cómo afectan a las personas, sus viviendas y su entorno socioeconómico para diseñar respuestas efectivas".
La reiteración de sismos menores en zonas tradicionalmente activas confirma que Chile permanece en un estado constante de alerta sísmica. Si bien la experiencia pasada ha impulsado mejoras en la gestión del riesgo, las brechas en preparación y equidad territorial persisten.
Es evidente que la prevención no es solo un asunto técnico, sino un desafío político y social que requiere diálogo, inversión sostenida y compromiso ciudadano. La pregunta no es si ocurrirá el próximo gran terremoto, sino cómo Chile enfrentará ese momento inevitable con resiliencia y justicia.
En definitiva, el país se encuentra ante un coliseo donde se enfrentan la ciencia, la política y la sociedad civil, y el público expectante debe comprender que la tragedia ajena puede ser también un llamado a la acción propia.
2025-10-24
2025-10-03