Inversión en mega data centers en América Latina: ¿progreso tecnológico o extractivismo digital?

Un nuevo capítulo en la relación entre América Latina y las grandes tecnológicas se ha abierto con el anuncio, hace un mes, de la construcción de un mega data center en la Patagonia argentina —una inversión de 25 mil millones de dólares liderada por OpenAI y sus socios internacionales. El proyecto promete una capacidad de 500 MW en su fase final y se apoya en beneficios fiscales otorgados por la legislación local, como la exención tributaria por 30 años.

Sin embargo, lejos del entusiasmo inicial que dominó los medios, la realidad muestra una disputa compleja entre diferentes actores y perspectivas. Por un lado, el gobierno argentino y sus aliados ven en esta inversión una oportunidad para posicionar al país en la vanguardia de la inteligencia artificial y atraer más capital extranjero. Por otro, sectores académicos, organizaciones sociales y expertos ambientales alertan sobre los riesgos que implica este tipo de proyectos: desde el consumo desmedido de recursos hídricos y energéticos hasta la falta de garantías en la reinversión y participación local.

“Este tipo de acuerdos recuerdan demasiado a las épocas coloniales, cuando los recursos naturales se explotaban para beneficio externo y dejando pobreza estructural en el territorio”, señala Luis Papagni, ingeniero ambiental y activista por la sustentabilidad.

La experiencia reciente en Querétaro, México, y en otras regiones donde se han instalado centros de datos, sirve como advertencia. Allí, el aumento en la demanda de agua llevó a racionamientos severos para las comunidades, y la electricidad requerida incrementó la operación de plantas térmicas contaminantes.

“No podemos aceptar que la innovación tecnológica se traduzca en un extractivismo digital que agote nuestros recursos y no deje más que promesas vacías”, agrega Papagni.

Desde la perspectiva política, el proyecto se enmarca en una coyuntura marcada por la tensión entre el gobierno central y las universidades públicas, pilares del desarrollo científico local. Mientras la administración actual reduce presupuestos a estas instituciones, que han sido cuna de talento y conocimiento, se apuesta a la inversión extranjera sin exigir condiciones claras de transferencia tecnológica o empleo local. Emiliano Kagierman, empresario tecnológico argentino involucrado en la gestión local del data center, reconoce esta paradoja: “Nuestra capacidad actual es fruto de décadas de inversión pública en ciencia y tecnología. Sin ese respaldo, nada de esto sería posible.”

En el ámbito económico, la llegada de OpenAI y sus socios (Oracle, SoftBank, MGX) abre la puerta a un debate sobre el modelo de desarrollo y las condiciones para la inversión extranjera en la región. La legislación vigente ofrece incentivos que, si bien atraen capital, también generan un escenario de baja fiscalización y escasa exigencia en términos de impacto social y ambiental.

“El riesgo es que nos conviertan en meros proveedores de energía y espacio, sin que la riqueza generada se traduzca en desarrollo sostenible para nuestras comunidades”, advierte Natalia Zuazo, coordinadora del Programa de Tecnología, Política y Comunicación en FLACSO Argentina.

El proyecto también ha sido cuestionado por su falta de transparencia en las evaluaciones de impacto ambiental y social. A la fecha, no se han publicado informes detallados ni se han abierto espacios de diálogo con las comunidades locales, lo que genera incertidumbre y desconfianza.

En definitiva, lo que está en juego es más que una obra de infraestructura tecnológica: es un desafío sobre el modelo de desarrollo que América Latina quiere adoptar en la era digital. La tensión entre progreso y extractivismo, entre inversión y soberanía, se pone en escena con crudeza.

Verdades y consecuencias:

- La inversión en mega data centers puede ser una oportunidad para la región si se acompaña de políticas que aseguren transferencia tecnológica, empleo local y cuidado ambiental.

- La ausencia de regulaciones claras y participación ciudadana alimenta el riesgo de un nuevo ciclo de dependencia y desigualdad.

- La sustentabilidad de estos proyectos depende de un equilibrio que hoy parece ausente, y que solo se logrará con un debate público informado y plural.

Este episodio obliga a repensar no solo la relación con las grandes tecnológicas, sino también el papel del Estado y la sociedad civil en la construcción de un futuro digital que no repita viejos patrones de explotación sino que promueva un desarrollo inclusivo y sostenible.