El fracaso de Boric en la reparación a víctimas del estallido social: Una deuda que persiste seis años después

Seis años han pasado desde el estallido social que sacudió a Chile en octubre de 2019, y la promesa de una política integral de reparación para las víctimas sigue siendo una deuda pendiente. En octubre de 2019, miles salieron a las calles exigiendo justicia y cambios estructurales, pero también se vivieron episodios de violencia estatal que dejaron heridas profundas y visibles. El gobierno del Presidente Gabriel Boric, al asumir, anunció con énfasis la creación de una política pública que abordaría esta reparación de manera integral. Sin embargo, la realidad demostró ser otra. Yerko Ljubetic, director del INDH, señala que "los esfuerzos emprendidos en materia de reparación han sido insatisfactorios", reflejando un diagnóstico que no solo proviene de la sociedad civil, sino también de organismos estatales.

De la promesa a la realidad: un giro inesperado

En mayo de 2022, Boric presentó la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación junto a su equipo, destacando la responsabilidad histórica del Estado y la necesidad de aprender de errores pasados. El mandatario remarcó la urgencia de no dejar heridas abiertas y combatir la impunidad. No obstante, las mesas de trabajo regionales y los anuncios no se tradujeron en avances concretos. El gobierno reconoció internamente que el clima político y social dificultó la implementación de una política integral. Además, decisiones controvertidas como los indultos a presos del estallido generaron tensiones y desconfianza.

Cambio de enfoque y replanteamientos

Con el paso del tiempo, la denominación "víctimas del estallido" fue sustituida por la más amplia "víctimas de violencia institucional", intentando incluir episodios más allá del estallido, como adopciones irregulares y casos vinculados al Sename. En 2024, la Subsecretaría de Derechos Humanos buscó responder a esta deuda con un enfoque más transversal, pero sin resultados definitivos.

En paralelo, el Programa PACTO (Plan de Acompañamiento y Cuidados a Personas Víctimas de Trauma Ocular), implementado desde 2022, ha sido uno de los pocos avances tangibles. Este programa ha brindado atención integral a más de 600 personas con lesiones graves, combinando cuidado físico y psicológico. Sin embargo, la institucionalización definitiva del programa dentro del sistema de salud aún está en proceso.

Voces enfrentadas: entre el reconocimiento y la crítica

Desde el gobierno, se destaca la entrega de 419 pensiones de gracia y la creación de espacios de diálogo con organizaciones sociales y abogados que representan a víctimas. La Subsecretaria Daniela Quintanilla enfatiza el trabajo continuo para atender necesidades individuales y mejorar el acceso a la justicia.

Pero las críticas no cesan. Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, afirma que "las medidas han sido escasas, insuficientes y tardías", y que no existe una política pública de reparación integral. Organismos de derechos humanos insisten en que la reparación debe incluir restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción, etapas que aún no se cumplen cabalmente.

Consecuencias y verdades irrefutables

Lo que comenzó como una promesa política de alto impacto social terminó siendo un recordatorio de las dificultades para transformar demandas ciudadanas en políticas públicas efectivas. La ausencia de una política integral de reparación para las víctimas del estallido social evidencia no solo limitaciones administrativas, sino también la complejidad de enfrentar heridas sociales profundas en un país polarizado.

La persistencia de esta deuda tiene consecuencias palpables: la falta de reconocimiento pleno y la insuficiente atención a quienes sufrieron daños físicos y psicológicos perpetúan la sensación de abandono y desamparo.

En definitiva, la historia de la reparación a las víctimas del estallido social es un relato de promesas truncadas, intentos incompletos y demandas legítimas que aún esperan respuestas claras, transparentes y vinculantes. La reflexión que deja este episodio es que la justicia transicional no puede ser un discurso, sino un compromiso sostenido que atraviese gobiernos y coyunturas.

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Fuentes consultadas: La Tercera (2025), Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Amnistía Internacional Chile, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Derechos Humanos.