Ossandón impulsa regulación de supersueldos en el Congreso: Un choque entre austeridad y defensa laboral

Un proyecto con fecha de explosión. El 3 de noviembre de 2025, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), defendió con vehemencia su iniciativa para limitar los llamados "supersueldos" en el Congreso Nacional, que alcanzan cifras que superan los 17 millones de pesos mensuales. Este proyecto, que no afectaría los salarios actuales pero sí los futuros, ha abierto una profunda grieta entre el poder legislativo y sus propios funcionarios, además de extender el debate a otros ámbitos públicos como los municipios.

El origen de la controversia

Desde octubre, Ossandón planteó que los sueldos actuales son "absolutamente fuera de mercado" y que mantener esta realidad es una "bomba de tiempo" que podría explotar en el futuro. Su propuesta busca que, cuando un funcionario con supersueldo se jubile, renuncie o fallezca, su cargo no sea reemplazado con una remuneración igual o superior, sino que se limite a salarios que no excedan la dieta presidencial, fijada en poco más de 5,7 millones de pesos líquidos.

'No pueden pensar que van a vivir toda la vida en una realidad paralela a lo que vive Chile,' advirtió Ossandón, enfatizando que el proyecto no rebajaría sueldos actuales, sino que establecería una nueva planta funcionaria con remuneraciones más ajustadas.

Voces en defensa y en rechazo

Los funcionarios del Senado y sus asociaciones han respondido con una mezcla de indignación y preocupación. Acusan que la iniciativa refleja un "maltrato" y juicios irrespetuosos, y alertan que la falta de asesoría jurídica especializada y antecedentes técnicos puede generar un impacto negativo en la calidad del trabajo legislativo.

"Esto no le baja el sueldo a nadie que esté hoy, pero nos afecta a quienes aspiramos a avanzar en nuestras carreras," señalaron representantes sindicales, evidenciando la tensión entre la austeridad y la valorización del capital humano en el Congreso.

Por otro lado, expertos en transparencia y control público, como el expresidente del Consejo para la Transparencia Francisco Leturia, han respaldado la lógica de Ossandón, afirmando que 'la honestidad no puede depender de un puñado de billetes' y que salarios exorbitantes pueden ser un incentivo para la corrupción.

El debate se expande: municipios y lenguaje político

La controversia no se ha limitado al Congreso. Desde el Partido Republicano, se han vertido críticas duras contra el crecimiento del empleo municipal, calificando a los funcionarios como "parásitos", lo que derivó en una respuesta enérgica de alcaldes como Karina Delfino (PS), quien calificó ese lenguaje de "profundamente clasista" y poco apropiado para un debate serio.

Este episodio refleja cómo la discusión sobre el gasto público y los salarios en el sector público atraviesa no solo dimensiones económicas, sino también sociales y culturales, poniendo en tensión la percepción ciudadana sobre el rol y la remuneración de los servidores públicos.

Verdades y consecuencias visibles

Tras semanas de debate, se pueden constatar varias realidades:

- El proyecto de Ossandón ha movilizado a diversos actores, revelando un problema estructural en la administración pública chilena respecto a la escala salarial y su legitimidad social.

- La defensa de los funcionarios actuales ha sido firme, pero su reclamo no logra desdibujar la percepción ciudadana sobre la necesidad de austeridad y coherencia con la realidad nacional.

- El riesgo de aumento de corrupción, planteado por voces expertas, obliga a mirar más allá de la simple reducción salarial, hacia mecanismos de control y transparencia efectivos.

- El uso del lenguaje y la ampliación del debate a otros sectores públicos evidencian una fragmentación en la narrativa social, que dificulta construir consensos sobre el gasto público y el rol del Estado.

La propuesta de Ossandón, lejos de ser un simple ajuste salarial, se ha convertido en un campo de batalla donde se enfrentan visiones contrapuestas sobre justicia social, eficiencia del Estado y dignidad laboral. Mientras el Congreso avanza en la tramitación, la sociedad chilena observa con atención, consciente de que el desenlace tendrá efectos que trascienden los muros del Palacio Legislativo.

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Fuentes: Cooperativa.cl, La Tercera, declaraciones públicas de Manuel José Ossandón, Federación de Asociaciones de Funcionarios del Congreso Nacional (Fedecon), expresidente Consejo para la Transparencia Francisco Leturia.