Presupuesto 2026: El drama de la vivienda y la austeridad en servicios esenciales
Un conflicto de recursos y prioridades ha marcado la discusión del Presupuesto 2026, evidenciando un choque frontal entre la urgencia social y las limitaciones fiscales. A casi un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el debate ha trascendido el mero trámite legislativo para convertirse en un escenario de confrontación política y social que pone en jaque la capacidad del Estado para responder a las necesidades más básicas de la ciudadanía.
El proyecto presupuestario presentado por el Ejecutivo plantea recortes y asignaciones limitadas en áreas sensibles como vivienda, tribunales especializados y servicios públicos esenciales. Esta realidad ha generado reacciones encontradas, que van desde la crítica abierta de figuras opositoras hasta llamados a la flexibilidad por parte de sectores oficialistas.
La vivienda: un clamor que no encuentra eco
La crisis habitacional en Chile no es nueva, pero la discusión presupuestaria la ha puesto nuevamente en el centro del debate público. Según cifras oficiales y organizaciones como Techo, el déficit habitacional oscila entre 500.000 y un millón de viviendas, con cerca de 120.000 familias viviendo en campamentos o asentamientos irregulares.
Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, afirmó que “me incomoda profundamente que no se destinen los recursos necesarios para vivienda” y criticó los recortes a subsidios habitacionales, señalando que “esto de acuerdo al censo en un caso y Techo por el otro” refleja un drama social que exige una respuesta estructural.
El oficialismo, representado en parte por el senador PPD Jaime Quintana, reconoce la problemática y ha instado al gobierno a ampliar la partida destinada a vivienda. Sin embargo, la tensión electoral y la negociación política han dificultado una solución clara y consensuada. Quintana advirtió que “los parlamentarios están pensando más bien en la reelección que en el bien del país”, un señalamiento que desnuda la complejidad del escenario político.
Servicios esenciales y tribunales: austeridad que pone en riesgo la operatividad
El ajuste presupuestario también ha afectado a entes fundamentales para el funcionamiento del Estado de Derecho. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ha visto caer su presupuesto en un 1,5%, manteniendo un déficit que su presidente Nicolás Rojas calificó como “muy precario” y de mera continuidad, lo que pone en riesgo su estabilidad.
El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, señaló que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) enfrenta un presupuesto de continuidad, con una reducción real del 11% desde 2018, a pesar de haber incrementado sus funciones y eficacia en ámbitos como mercados digitales y laborales.
Otros organismos, como los Tribunales Ambientales, el Consejo de Defensa del Estado y la Unidad de Análisis Financiero, también han sufrido bajas presupuestarias que podrían afectar su capacidad de respuesta y gestión.
Voces enfrentadas, consecuencias claras
El debate ha evidenciado posturas divergentes que no buscan diluirse en un consenso artificial. Por un lado, la oposición y sectores sociales exigen mayores recursos y políticas públicas que atiendan la emergencia habitacional y refuercen la institucionalidad. Por otro, el oficialismo enfrenta la tensión de equilibrar restricciones fiscales con demandas crecientes, en un contexto electoral que añade presión y desconfianza.
“No estoy para nada de acuerdo en las reducciones que se hacen en temas de vivienda”, dijo Jara, mientras Quintana pidió “tener más flexibilidad y un sentido de realismo y necesidad”.
Constataciones finales
Lo que queda claro tras el análisis detenido y la verificación de fuentes es que el Presupuesto 2026 refleja una encrucijada profunda: un Estado que debe operar con recursos ajustados frente a demandas sociales y estructurales que reclaman inversiones significativas.
El drama habitacional, con su impacto en la calidad de vida y la cohesión social, no puede ser relegado a un segundo plano sin consecuencias graves. De igual forma, la austeridad en tribunales y servicios esenciales amenaza la eficacia y legitimidad de las instituciones públicas, con efectos a mediano y largo plazo.
Este escenario exige no sólo ajustes técnicos o políticos, sino una reflexión colectiva sobre las prioridades nacionales y el modelo de desarrollo que Chile desea construir. La tensión actual es apenas la manifestación visible de una disputa más profunda que involucra justicia social, gobernabilidad y la capacidad del Estado para cumplir su rol fundamental.
En definitiva, la discusión del Presupuesto 2026 no es sólo una batalla por números, sino una pugna por el futuro del país y la dignidad de sus habitantes.