Fracaso de la moción de censura en Perú: un gobierno interino atrapado entre la protesta y la represión

Perú vive una encrucijada política y social que, a casi un mes de la destitución de Dina Boluarte y el ascenso de José Jerí a la presidencia interina, no ha encontrado un punto de equilibrio.

El 17 de octubre de 2025, el Congreso peruano rechazó con 63 votos en contra la moción de censura presentada contra Jerí, apenas seis días después de su nombramiento. La iniciativa, impulsada mayormente por la bancada socialista y sectores de izquierda, buscaba destituir al mandatario por la represión policial que terminó con la vida de un manifestante y dejó más de un centenar de heridos en las protestas de Lima.

La muerte de Eduardo Ruiz, un joven de 32 años, a manos de un disparo policial, desató una ola de indignación que movilizó a miles, especialmente jóvenes de la llamada generación Z, en una serie de manifestaciones pacíficas que derivaron en enfrentamientos violentos.

Un Congreso dividido y un gobierno interino cuestionado

La negativa del Congreso a debatir la censura refleja la compleja fragmentación política que atraviesa Perú. El bloque de derecha, que respalda a Jerí y controla una parte significativa del Parlamento, impidió la aprobación de la moción, dejando en evidencia la fragilidad institucional y la falta de consenso para una salida política clara.

Según el diputado Guillermo Bermejo, "la moción era una obligación moral frente a un presidente que ha perdido toda legitimidad por la represión y las denuncias de corrupción". Sin embargo, para sectores conservadores, la continuidad de Jerí es necesaria para mantener la estabilidad en un país golpeado por la inseguridad y la violencia.

La generación Z: motor y rostro del descontento social

Las manifestaciones, convocadas principalmente por jóvenes y colectivos universitarios, han sido el epicentro de la crisis. Lo que comenzó como una protesta pacífica con batucadas, representaciones artísticas y símbolos de paz, como girasoles y violines, terminó en enfrentamientos con la policía en el centro de Lima.

Las marchas se replicaron a lo largo de todo el país, desde Arequipa hasta Puno, con un denominador común: el rechazo al "pacto mafioso" entre el Congreso y el Ejecutivo, que los manifestantes acusan de proteger intereses particulares y perpetuar la corrupción.

Alejandro Revilla, integrante del colectivo Jóvenes Líderes para el Perú, señaló: "No podemos permitir que un presidente con denuncias por corrupción y violación represente a nuestro país".

Violencia y represión: heridas abiertas

La represión policial ha sido uno de los elementos más controvertidos. La muerte de Eduardo Ruiz, presuntamente a manos de un "terna" —policía encubierto sin identificación—, y los más de 120 heridos (entre civiles y policías) han generado un debate nacional e internacional sobre el uso excesivo de la fuerza.

Las autoridades policiales han separado a los generales responsables de la operación y han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos, mientras que la familia de la víctima evalúa presentar denuncias por "autoría mediata" contra Jerí y el Ejecutivo.

El presidente Jerí en la encrucijada

Desde su asunción, Jerí ha intentado mostrarse como un líder dispuesto a corregir errores. En sus primeras semanas, afirmó: "Si el Estado ha cometido errores, estamos intentando cambiarlos paso a paso". Sin embargo, su gestión aún no logra despegar, en parte por la ausencia de un gabinete definido y la persistente presión social.

Su promesa de un "gabinete de amplia base" no se ha concretado, y la incertidumbre sobre el rumbo político se mantiene hasta las elecciones previstas para 2026.

Conclusiones y consecuencias

Este episodio revela la profunda crisis institucional y social que atraviesa Perú. La negativa a censurar a Jerí, a pesar de la presión social y la evidencia de violencia estatal, muestra un Congreso fragmentado y desconectado de las demandas ciudadanas.

La generación Z emerge como un actor político clave, capaz de movilizar masivamente y articular un discurso crítico hacia las élites tradicionales.

La violencia en las calles y la respuesta policial evidencian un Estado debilitado, atrapado entre la necesidad de orden y el respeto a los derechos humanos.

En definitiva, el fracaso de la moción de censura no cerró la crisis, sino que la dejó en suspenso, con un gobierno interino que debe navegar entre la legitimidad perdida y la urgencia de una transición democrática que responda a las demandas de una sociedad que reclama justicia, transparencia y cambio real.