Estados Unidos intensifica ataques extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico: un conflicto sin fin ni certezas

Un teatro bélico en aguas internacionales

Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha lanzado una serie de ataques militares navales en el Caribe y el Pacífico, dirigidos a embarcaciones que Washington identifica como narcolanchas. Estos ataques, que ya suman al menos 18 embarcaciones hundidas y 69 muertos, se enmarcan en la llamada "operación contra el narcoterrorismo" ordenada por el gobierno de Donald Trump. El despliegue militar incluye un portaaviones, el Gerald Ford, el más moderno de la flota estadounidense, y una flotilla de buques y soldados en la región.

“La presencia ampliada de fuerzas estadounidenses en la zona reforzará la capacidad de Estados Unidos de detectar, vigilar e interrumpir las actividades ilícitas que ponen en peligro nuestra seguridad”, afirmó Sean Parnell, portavoz del Pentágono, subrayando la justificación oficial de la campaña.

Las sombras de la legalidad y la ética

Pero la narrativa oficial estadounidense no ha logrado convencer a muchos actores regionales y a organismos internacionales. La ONU ha declarado que no existe justificación legal para estos ataques extrajudiciales y ha solicitado investigaciones independientes y transparentes. Por su parte, Cuba ha denunciado que estos bombardeos constituyen “ejecuciones extrajudiciales” y violan el Derecho Internacional, señalando además que Estados Unidos es el principal mercado de drogas y que existe complicidad política interna con el lavado de dinero.

Expertos internacionales y ONG han alertado que las víctimas no han sido sometidas a ningún proceso judicial y que, según la información disponible, ninguna representaba una amenaza inmediata, lo que apunta a graves violaciones a los derechos humanos.

Un conflicto con múltiples frentes y actores

El gobierno venezolano, acusado por Washington de ser un narcoestado y de proteger a los carteles, ha condenado enérgicamente los ataques y ha llevado la denuncia al Consejo de Seguridad de la ONU. Nicolás Maduro, en su discurso, ha calificado estas acciones como un intento de desestabilización y amenaza directa a la soberanía.

Por otro lado, Colombia, país clave en la producción de cocaína y con presencia de grupos armados ilegales, ha visto cómo la ofensiva estadounidense se acerca cada vez más a sus costas. La mayoría de las narcolanchas atacadas parecen usar la ruta del Pacífico para transportar cocaína hacia Estados Unidos, y algunas estarían vinculadas a grupos como el ELN y disidencias de las FARC, aunque estos han negado tales vínculos.

Un caso emblemático fue el ataque a un semisumergible en el Caribe que dejó sobrevivientes, entre ellos un ecuatoriano liberado por falta de pruebas y un colombiano que enfrenta proceso judicial, evidenciando las dificultades para distinguir entre narcotraficantes y civiles inocentes en medio de la violencia.

Voces encontradas y la incertidumbre del futuro

Desde Washington, la administración Trump ha reiterado su compromiso con la campaña, con declaraciones que oscilan entre la firmeza militar y la amenaza directa: “De día o de noche, mapearemos vuestras redes, rastrearemos a vuestra gente, os cazaremos y os mataremos”, dijo el secretario de Defensa Pete Hegseth.

En contraste, organizaciones de derechos humanos, la ONU y varios gobiernos latinoamericanos exigen respeto a la legalidad internacional y advierten sobre el riesgo de una escalada militar que podría derivar en un conflicto mayor, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad regional.

Conclusiones provisionales

Este episodio pone en evidencia un choque entre la política de seguridad estadounidense, que opta por la acción militar extraterritorial sin procesos judiciales, y las normas internacionales de soberanía y derechos humanos. La campaña ha dejado un saldo trágico de víctimas y ha generado una crisis diplomática y humanitaria en la región.

Al mismo tiempo, la complejidad del narcotráfico en América Latina, con rutas cambiantes, tecnologías avanzadas y múltiples actores armados, dificulta una solución rápida y efectiva.

Lo que queda claro es que la violencia y la ausencia de diálogo solo profundizan la tragedia y la incertidumbre. La historia reciente muestra que la confrontación militar unilateral, sin respaldo legal ni estrategia política inclusiva, puede agravar los problemas que pretende resolver. La región observa con atención y preocupación cómo se desarrolla este conflicto, cuyas consecuencias aún están por definirse.