Renuncia de Pardow: el costo político y las lecciones de una crisis energética que sacudió a Chile

A mediados de octubre de 2025, un error técnico en el cálculo de las tarifas eléctricas desató una crisis política de gran envergadura en Chile. La Comisión Nacional de Energía (CNE) detectó que, desde 2017, se aplicó de forma doble el efecto inflacionario en el cobro de saldos pendientes, lo que generó cobros excesivos en las cuentas de luz de millones de hogares durante cuatro semestres consecutivos. El monto estimado del sobrecobro superó los 115 millones de dólares, afectando especialmente a familias vulnerables y generando un fuerte malestar social.

El epicentro político de la crisis fue el Ministerio de Energía, cuyo titular, Diego Pardow, asumió la responsabilidad política por el fallo, aunque defendió que el error se originó en procesos anteriores y que su gestión había intentado corregir la situación. El 16 de octubre, tras un encuentro de casi media hora con el Presidente Gabriel Boric, Pardow presentó su renuncia, que fue aceptada inmediatamente. En paralelo, el secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, también fue removido, y se anunciaron auditorías internas y externas para esclarecer las causas y responsabilidades del fallo.

Este episodio se convirtió en un campo de batalla político en plena campaña presidencial y parlamentaria. Desde la oposición, especialmente la UDI y el Partido Republicano, se impulsó una acusación constitucional contra Pardow, acusándolo de ocultamiento y falta de transparencia. El diputado Agustín Romero afirmó: "Aquí claramente hay que empezar a hacer responsable a la gente por sus errores, porque el primer acto de corrupción que comete una autoridad es asumir cargos para los cuales tú no tienes dedos para el piano". Por su parte, sectores del oficialismo, incluyendo al Frente Amplio, rechazaron la acusación, denunciando un uso político del caso en un contexto electoral. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, defendió a Pardow y criticó que "hay muchos otros que en medio de campañas electorales están tratando de hacer un punto político".

La tensión política se reflejó también en el oficialismo, donde la candidata presidencial del pacto, Jeannette Jara, fue una de las voces más críticas, exigiendo la renuncia de Pardow y subrayando la necesidad de que los ministros asuman responsabilidades políticas.

En medio del revuelo, el Presidente Boric designó a Álvaro García Hurtado como biministro de Economía y Energía, buscando fortalecer la gestión y dar una señal de control y estabilidad. García, con experiencia previa en cargos similares, asumió el desafío de reparar la confianza ciudadana y encabezar la restitución de los cobros indebidos.

Desde la sociedad civil y expertos, la crisis puso en evidencia la complejidad y opacidad del sistema tarifario eléctrico chileno. Especialistas consultados por Diario Financiero señalaron que "la metodología de fijación de tarifas es técnica, pero requiere mayor transparencia y mecanismos de supervisión más robustos para evitar que errores se traduzcan en perjuicios masivos". La Contraloría General de la República inició una auditoría para evaluar las responsabilidades administrativas y técnicas en la CNE y otros organismos involucrados.

En el plano político, la renuncia de Pardow fue interpretada como un gesto necesario para contener el daño institucional y evitar una crisis mayor en el gobierno de Boric, que enfrentaba ya un escenario electoral complejo. Sin embargo, la controversia dejó heridas abiertas y cuestionamientos sobre la calidad de la gestión pública y la rendición de cuentas.

Perspectivas divergentes:
- Desde la derecha, la salida fue insuficiente para algunos, que demandan investigaciones más profundas y sanciones claras.
- En la centroizquierda y el oficialismo, se enfatiza la necesidad de avanzar en reformas regulatorias para modernizar el sistema eléctrico y proteger a los consumidores.
- Ciudadanos afectados y organizaciones sociales exigen rapidez en la devolución de los cobros indebidos y mayor fiscalización.

Conclusiones y aprendizajes:

Este episodio confirma que, en sistemas técnicos y regulados, la transparencia y la supervisión son pilares fundamentales para evitar crisis de confianza. La política no puede desligarse de la gestión técnica cuando esta impacta directamente en la vida cotidiana y el bolsillo de las personas.

Además, la crisis reveló la fragilidad del sistema político ante escándalos que se politizan en contextos electorales, poniendo en riesgo la gobernabilidad y la capacidad de respuesta efectiva.

Finalmente, la salida de Pardow y la reestructuración ministerial marcan un punto de inflexión para el gobierno y el sector energético chileno. La tarea pendiente es clara: establecer controles, mejorar la comunicación con la ciudadanía y avanzar hacia un sistema tarifario justo y transparente, que no solo evite errores técnicos, sino que también fortalezca la confianza en las instituciones públicas.

En definitiva, la tragedia ajena de un error tarifario se convirtió en un espectáculo político con consecuencias profundas, donde los protagonistas pagaron un costo personal y colectivo. El público, ahora, espera que esta catarsis sirva para evitar que se repita y para construir un Chile más justo en la gestión de sus recursos esenciales.