Crisis tarifaria eléctrica: Álvaro García asume y enfrenta el desafío de reparar un sistema fracturado
El escenario estaba listo para un choque de responsabilidades y expectativas. El 14 de octubre de 2025, la Comisión Nacional de Energía (CNE) reconoció un error metodológico en la fijación de precios nudos que afectó las tarifas eléctricas desde 2017. Esta doble aplicación del efecto inflacionario —sumar el IPC y la tasa de interés corriente nominal— generó un sobrecosto para los consumidores que supera los 110 millones de dólares solo desde 2024.
En un movimiento político que buscó apaciguar la tormenta, el Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia del entonces ministro de Energía, Diego Pardow, y del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla. El 16 de octubre, Álvaro García fue designado biministro de Economía y Energía, con la misión clave de compensar a las familias afectadas y ordenar una auditoría interna para esclarecer cómo se permitió este fallo sistemático.
El nuevo biministro asumió con un mensaje claro y directo: 'Las compensaciones las tienen que dar los que cobraron de más, que fueron las empresas, no el Gobierno'. De inmediato, García anunció que se trabaja en un informe técnico preliminar que propone una reducción aproximada del 2% en las cuentas eléctricas a partir de enero de 2026 para devolver lo cobrado en exceso.
Pero la complejidad del problema va más allá de un simple ajuste tarifario. Desde la academia y el sector técnico, expertos como el profesor Héctor Chávez (Usach) y Humberto Verdejo subrayan que el error es solo la punta del iceberg. 'Faltan definir aún el informe técnico de transmisión, la deuda acumulada por congelamientos tarifarios y cómo se saldará el valor agregado de distribución (VAD) que está congelado desde noviembre de 2020', advierten.
Las empresas generadoras, por su parte, defienden su actuación. Engie Chile señaló que el plazo para revisar los informes técnicos preliminares es acotado y que el foco de su análisis está en aspectos propios del negocio, no en validar cálculos regulatorios complejos. Desde Enel y CGE, distribuidoras que interactúan directamente con los usuarios, deslindaron responsabilidades y apuntaron a las generadoras. Sin embargo, reconocen que la crisis ha afectado su relación con los clientes, quienes han aumentado sus consultas y reclamos.
Este intercambio de acusaciones expone una desconfianza que se ha instalado entre actores clave del sistema eléctrico y la ciudadanía. El director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, calificó la situación como un 'problema reputacional importante' que debe resolverse con celeridad.
En el trasfondo, la crisis tarifaria revela un sector energético marcado por la burocracia y la complejidad regulatoria, que dificulta la gestión eficiente y transparente. Luis Llanos, académico de la Universidad de Chile, advierte que 'esto no termina acá; la Contraloría ya inició una investigación y seguramente saldrán más cuestionamientos'.
Además, la deuda acumulada por congelamientos tarifarios pospandemia, que podría superar los US$1.000 millones, plantea un desafío adicional para cuándo y cómo se comenzará a saldar, asunto que depende de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
La ciudadanía, por su parte, ha quedado en medio de este coliseo de actores y responsabilidades. Usuarios que se cambiaron de vivienda o que ya pagaron sobreprecios difícilmente verán una compensación directa, lo que anticipa posibles judicializaciones y un nuevo foco de conflicto social.
Conclusión: La crisis tarifaria eléctrica no es solo un error técnico o una falla administrativa; es un síntoma de un sistema regulatorio fragmentado y con insuficiente transparencia. La salida de Diego Pardow y la llegada de Álvaro García como biministro simbolizan un intento de recomponer la confianza, pero el camino para normalizar el sector es largo y está plagado de desafíos técnicos, políticos y sociales.
La promesa de compensaciones y auditorías marca un primer paso, pero la verdadera prueba estará en la capacidad del Estado y los actores privados para dialogar, asumir responsabilidades y diseñar un sistema tarifario justo y sostenible que no vuelva a dejar a los consumidores como los grandes perdedores.
Fuentes: Diario Financiero, La Tercera, Cambio21, declaraciones de Álvaro García, análisis académicos de la Universidad de Chile y Usach, comunicados de Engie, Enel y CGE, informes de la CNE y SEC, Contraloría General de la República.