Jadue y el Tricel: El cierre definitivo de una candidatura que desafió la ley y la política

Un mes antes de la elección parlamentaria del 16 de noviembre de 2025, el caso de Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta y figura emblemática del Partido Comunista, llegó a su capítulo final en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

El 21 de octubre, el Tricel rechazó por mayoría la reposición presentada por la defensa de Jadue para reactivar su candidatura en el distrito 9 de la Región Metropolitana. Este recurso se basaba en la reapertura de la investigación judicial del caso Farmacias Populares, que dejó sin efecto la acusación formal del Ministerio Público contra Jadue, abriendo una puerta jurídica para su reinstalación en la papeleta electoral.

Sin embargo, la mayoría de los ministros del Tricel, encabezados por Mauricio Silva, Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo, mantuvieron la exclusión del exalcalde, argumentando que la sentencia que lo dejó fuera estaba firme y ejecutoriada, y que las normas legales no contemplan la reapertura de procesos como causal para modificar candidaturas ya definidas.

El único voto a favor de Jadue fue el del ministro Gabriel Ascencio, quien planteó una lectura distinta y más flexible de la ley electoral. Ascencio sostuvo que la reapertura de la investigación y la anulación de la acusación original constituían un hecho nuevo que justificaba revisar la exclusión. Además, cuestionó la lógica legal que otorga la posibilidad de reemplazo de candidatos fallecidos hasta ocho días antes de la elección, pero no contempla mecanismos para reinstalar a un candidato vivo cuya acusación penal quedó sin efecto.

"No se pide reemplazar a un candidato, sino reinstalar a uno que fue declarado inscrito y luego excluido por una acusación que ha quedado sin efecto", afirmó Ascencio.

Este argumento, aunque minoritario, puso en evidencia la tensión entre la rigidez formal de las normas electorales y los principios constitucionales de derechos fundamentales y presunción de inocencia.

Desde el Partido Comunista, su presidente Lautaro Carmona defendió públicamente a Jadue, insistiendo en que la formalización no implica culpabilidad y que la exclusión vulnera el derecho a ser elegido. Sin embargo, estas voces no lograron modificar la decisión del Tricel.

La defensa de Jadue no agotó todas sus opciones y presentó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC), que estaba pendiente de admisión en la fecha del fallo del Tricel. Este recurso busca cuestionar la constitucionalidad de las normas que impiden la reinstalación de candidaturas en el contexto de procesos judiciales abiertos o modificados.

Expertos legales y exmagistrados consultados a lo largo del proceso coincidieron en que, pese a la reapertura de la investigación, el sistema electoral chileno no contempla mecanismos para revertir decisiones firmes del Tricel en plazos tan ajustados, especialmente cuando las papeletas ya han sido impresas y la campaña está en marcha.

Patricio Valdés, expresidente del Tricel, sentenció: "Los plazos están vencidos y no hay margen para objeciones. El Tricel falló con los antecedentes que tenía en ese momento".

Este caso puso al descubierto una paradoja legal y política que ha generado debate: la suspensión automática de derechos políticos basada en acusaciones fiscales sin sentencia firme, y la dificultad para revertir esa suspensión ante cambios en la situación judicial.

La reapertura de la investigación contra Jadue, ordenada por el Tercer Juzgado de Garantía, que incluye diligencias como la revisión del teléfono del abogado Luis Hermosilla, mantiene en suspenso el desenlace judicial. Pero para efectos electorales, la exclusión del exalcalde ya es un hecho consumado.

Desde la mirada política, el episodio refleja la complejidad de la justicia electoral chilena en un contexto polarizado y con actores que buscan aprovechar cada resquicio legal para mantener o impedir candidaturas.

"A nadie se le debe privar arbitrariamente del derecho a ser candidato", afirmó Ascencio, pero la mayoría interpretó que la ley electoral y la jurisprudencia vigente no permiten esa reinstalación fuera de los plazos estipulados.

Finalmente, la historia de Jadue y el Tricel es un ejemplo de cómo la política, la justicia y la ley se enfrentan en un escenario donde las reglas rígidas chocan con las dinámicas cambiantes del proceso judicial y las estrategias políticas.

Verdades y consecuencias:

- La exclusión de Jadue de la papeleta quedó ratificada por el Tricel y solo podría revertirse por el Tribunal Constitucional, cuya decisión aún es incierta.

- El caso evidencia una tensión estructural en la normativa electoral chilena sobre la suspensión de derechos políticos y la presunción de inocencia.

- La campaña electoral y la impresión de papeletas cierran espacios para cambios de última hora, consolidando la exclusión de candidatos bajo ciertas condiciones.

- La sociedad chilena enfrenta un dilema entre garantizar derechos políticos y respetar procedimientos legales y plazos electorales, en un clima político fragmentado y polarizado.

Este episodio invita a reflexionar sobre la necesidad de reformas legales que armonicen la justicia penal y electoral, evitando arbitrariedades y garantizando principios democráticos fundamentales.