Uruguay legaliza la eutanasia: un paso pionero que divide a América Latina

Uruguay ha marcado un hito histórico en América Latina con la aprobación de su ley de eutanasia, convirtiéndose en el primer país de la región en legalizar este derecho a través del Parlamento. El 15 de octubre de 2025, el Senado uruguayo aprobó la Ley de Muerte Digna con 20 votos a favor y 11 en contra. Esta norma establece un marco legal para que personas mayores de edad, psíquicamente aptas y con enfermedades incurables en etapa terminal, puedan solicitar la eutanasia bajo condiciones estrictas y supervisadas.

Un proceso largo y complejo

La iniciativa, que tardó más de cinco años en materializarse, fue impulsada inicialmente en 2020 por el diputado Ope Pasquet y contó con el respaldo de sectores progresistas, especialmente del Frente Amplio. “Es un proyecto potente, profundo y sensato”, afirmó el diputado Federico Preve, neurólogo y uno de sus principales promotores, destacando que la ley se inspira en modelos con décadas de experiencia como el de Países Bajos.

El procedimiento contempla una solicitud escrita y personal ante el médico tratante, quien debe informar sobre cuidados paliativos y confirmar el cumplimiento de los requisitos. La decisión requiere la evaluación de un segundo médico independiente o una Junta Médica en caso de discrepancias. Además, el paciente podrá expresar su voluntad final ante testigos, siempre con posibilidad de revocarla.

Voces en pugna: autonomía versus valores éticos

El debate no estuvo exento de controversias. Desde la oposición, el senador del Partido Nacional Javier García cuestionó la conceptualización de “muerte digna” y la autonomía que la ley otorga, argumentando que “el Estado no debería hacerse cargo de la muerte sin hacerse cargo de la vida”. Esta postura refleja un sector que ve en la eutanasia un riesgo para la protección de la vida y una posible erosión de valores fundamentales.

Por el contrario, la mayoría ciudadana parece alineada con la legalización. Encuestas recientes revelan que un 62% de los uruguayos apoya esta medida, evidenciando una transformación cultural hacia el reconocimiento de derechos individuales en contextos de sufrimiento extremo.

Impacto regional y desafíos futuros

Uruguay se diferencia de otros países latinoamericanos como Colombia y Ecuador, donde la eutanasia fue despenalizada por fallos judiciales y no mediante una ley parlamentaria. Este avance normativo abre un debate profundo en la región, donde las discusiones sobre la autonomía personal, el rol del Estado y la ética médica aún están en plena construcción.

El Poder Ejecutivo uruguayo tiene ahora un plazo de seis meses para reglamentar la ley, un proceso que será clave para definir su aplicación práctica y los mecanismos de control.

Constataciones y consecuencias

Este paso pionero pone en evidencia la tensión entre el respeto a la autonomía individual y los valores éticos colectivos, un choque que no se resolverá fácilmente. La ley uruguaya, con su enfoque riguroso y gradual, busca equilibrar estos polos, pero la experiencia futura mostrará si logra evitar abusos y garantizar derechos.

Además, el avance uruguayo puede presionar a otros países latinoamericanos a reconsiderar sus marcos legales y sociales respecto a la eutanasia, impulsando debates que trascienden lo jurídico y tocan fibras profundas de la sociedad.

En definitiva, la legalización de la eutanasia en Uruguay es un espejo donde se reflejan las complejidades de una región en transformación, enfrentada a la tragedia del sufrimiento humano y al desafío de respetar la dignidad en la muerte.

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Fuentes: La Tercera (2025-10-16), Encuesta Cifra (2025), declaraciones parlamentarias y análisis jurídico-sociales recientes.