En la última semana de octubre de 2025, Chile se vio sacudido por una crisis que, aunque técnica en su origen, se convirtió en un espectáculo político de alto voltaje. La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó un informe preliminar que corrigió un criterio aplicado desde 2017 en la fijación de precios del sistema eléctrico, generando una baja en las cuentas de la luz a partir de enero de 2026. Sin embargo, esta corrección, calificada por algunos expertos como un "error de cálculo" y por las autoridades como un "cambio metodológico", desató una oleada de críticas y exigencias de responsabilidades políticas.
El ministro de Energía, Diego Pardow, y el secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, explicaron que la metodología previa sobreestimaba el efecto inflacionario en las diferencias de facturación, lo que implicaba un cobro excesivo cercano a US$100 millones. Esta sobreestimación se habría arrastrado sistemáticamente desde 2017, y la corrección implicaría una rebaja aproximada del 2% en las boletas eléctricas para los hogares.
Pero la reacción no se hizo esperar. En el Congreso, diputados de diversos sectores políticos exigieron responsabilidades y pidieron la salida de Pardow o del timonel de la CNE. Andrés Celis fue tajante: "Aquí alguien tiene que dar un paso al costado: o el secretario ejecutivo o es usted". Por su parte, Jaime Mulet sostuvo que "debería haber un cambio sustantivo en el Ministerio de Energía". En contraste, Pardow defendió su rol con firmeza y recordó que su cargo es de exclusiva confianza presidencial.
Esta crisis no es un episodio aislado. En 2023, un error en un informe preliminar de la CNE ya había generado polémica y la salida de un jefe de departamento. La fijación tarifaria es un proceso técnico y sensible, donde el rigor es indispensable para mantener la confianza pública. Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile, señaló que esta inconsistencia reafirma la necesidad de fortalecer la institucionalidad y dotar a las entidades responsables de equipos especializados.
Además, la crisis revive la discusión sobre la agenda legislativa pendiente en materia de tarifas eléctricas y subsidios, donde el Congreso no ha logrado acuerdos para avanzar en la ampliación de beneficios a los consumidores más vulnerables.
En el terreno social, las familias chilenas enfrentan un proceso de estabilización tarifaria que ha sido difícil. La incertidumbre y la desconfianza crecen cuando errores o cambios técnicos se traducen en polémicas públicas y tensiones políticas.
El sector privado, a través de su director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, espera que la autoridad corrija el problema a la brevedad, recordando que la mayor parte del costo en las boletas proviene del segmento de generación.
Esta crisis pone en evidencia varias verdades incómodas: primero, que la institucionalidad energética chilena enfrenta desafíos para mantener la precisión y transparencia en procesos técnicos complejos; segundo, que en un contexto electoral, cualquier error o cambio puede ser politizado hasta el extremo, afectando la confianza ciudadana; y tercero, que sin una reforma profunda y acuerdos políticos para fortalecer el sistema y proteger a los consumidores, estas tensiones volverán a repetirse.
El cambio metodológico detectado no fue un error aislado, sino un síntoma de deficiencias estructurales que requieren atención inmediata. La devolución de montos cobrados en exceso, aunque necesaria, llega tarde para muchos usuarios que han soportado años de incertidumbre y alzas.
Finalmente, este episodio invita a reflexionar sobre la necesidad de un debate público informado y riguroso sobre el sistema eléctrico, que supere la polarización y se centre en soluciones técnicas y sociales sostenibles para Chile.
2025-11-02