Tarifas eléctricas: La crisis que estremeció a La Moneda y dividió al Congreso
En las últimas semanas, la polémica sobre las tarifas eléctricas ha puesto en jaque al ministro de Energía, Diego Pardow, y ha encendido una batalla política de alto voltaje en el Congreso.El 15 de octubre de 2025, la UDI anunció una acusación constitucional contra Pardow y el diputado oficialista Jaime Mulet impulsó una comisión investigadora. Esta crisis tiene su origen en un ajuste metodológico de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que, lejos de bajar las cuentas de la luz como se esperaba, terminó por aumentar los costos para los hogares, afectando el bolsillo de millones de familias chilenas.
Un error con consecuencias políticas y sociales
Desde el gobierno, la explicación inicial apuntó a un desliz técnico. Sin embargo, la oposición y sectores críticos del oficialismo no tardaron en denunciar una "negligencia inexcusable" y un manejo amateur del ministerio. Para el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), la acusación constitucional era el camino para hacer valer responsabilidades políticas y evitar la impunidad: 'Este error no puede quedar sin sanción ni explicación'.
En paralelo, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Fran Sauerbaum, cuestionó la continuidad de Pardow: 'No es un club de amigos, el presidente no puede mantener a incompetentes'. Este llamado encontró eco en el senador Rafael Prohens, quien también pidió la salida del director ejecutivo de la CNE, argumentando que un organismo técnico no puede perjudicar a los hogares.
Voces enfrentadas y matices en la crisis
Mientras la derecha y la centroizquierda convergían en la exigencia de responsabilidades, la diputada Sofía Cid (Partido Republicano) calificó la situación no como un error, sino como una muestra de "amateurismo en la gestión del país". En contraste, el diputado Jaime Mulet (FRVS) reconoció la gravedad del asunto y llamó a investigar a fondo, pero también subrayó la necesidad de que el ministro renuncie si se confirma la negligencia.
Desde la izquierda, la diputada Karol Cariola (PC) sumó la demanda de compensaciones para las familias afectadas y advirtió que lo ocurrido no puede quedar "impune". Esta pluralidad de voces refleja no solo las tensiones políticas, sino también la presión social que genera un servicio básico como la electricidad.
Contexto y consecuencias visibles
Este episodio no es aislado. En 2024 ya se había detectado que los clientes estaban pagando un cargo adicional para cubrir compensaciones a empresas por interrupciones del servicio, una carga que no había sido suficientemente transparentada. El reajuste erróneo de tarifas evidenció fallas en la supervisión técnica y política del sector energético.
La crisis ha dejado en evidencia la fragilidad de la institucionalidad energética y la necesidad de revisar los mecanismos de cálculo y fiscalización. Además, ha expuesto una fisura en el oficialismo, donde algunos sectores respaldan al ministro y otros exigen su salida.
Reflexiones finales
La disputa por las tarifas eléctricas ha sido un choque frontal entre responsabilidad técnica, política y social. Más allá de las acusaciones y renuncias, el país enfrenta un desafío mayor: garantizar que la gestión de servicios esenciales sea transparente, eficiente y justa.
La acusación constitucional y la comisión investigadora son síntomas de una crisis que obliga a repensar el equilibrio entre política y técnica, y a poner en el centro a las familias que sufren las consecuencias. En este escenario, la verdad que emerge es que la gestión energética debe ser un compromiso colectivo que supere las disputas partidarias y se enfoque en la estabilidad y bienestar de la ciudadanía.
Fuentes: Diario Financiero, declaraciones parlamentarias, informes de la Comisión Nacional de Energía.