Bolivia enfrenta la crisis de combustible que marcó su elección: entre bloqueos y promesas incumplidas
En octubre de 2025, Bolivia vivió una crisis de combustible que trascendió la coyuntura electoral para convertirse en un síntoma profundo de las tensiones políticas y económicas que atraviesa el país. A pocos días de la inédita segunda vuelta presidencial del 19 de octubre, la escasez de gasolina y diésel generó largas filas en estaciones de servicio y afectó la distribución de alimentos y bienes básicos en las principales ciudades bolivianas.
El origen de esta crisis se remonta a un bloqueo en el Parlamento que impidió la aprobación de créditos por más de 1.600 millones de dólares destinados a cubrir el déficit de divisas para la importación de combustibles subsidiados. El Ministerio de Hidrocarburos reportó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) operaba "al límite", con apenas tres días de autonomía para la gasolina y menos de uno para el diésel.
El escenario político, ya de por sí convulsionado, se tensó aún más cuando el entonces candidato presidencial Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) acusó al gobierno de Luis Arce de ocultar combustible para generar incertidumbre y favorecer a su rival, el expresidente Jorge Tuto Quiroga. "Aténganse a las consecuencias, porque la libertad tiene sus condiciones", advirtió Paz tras recibir su credencial presidencial, en un llamado directo a quienes no apoyaran su proyecto. Por su parte, el Ejecutivo rechazó las acusaciones y señaló que las dificultades eran producto del bloqueo legislativo y la falta de divisas, no de maniobras políticas.
En medio de esta disputa, la ausencia del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien enfrenta una orden de captura por presunto contrabando, complicó aún más la gestión estatal del abastecimiento. La Cámara Nacional de Industrias advirtió que la crisis paralizaba gradualmente las operaciones industriales y afectaba la provisión de bienes tanto para el mercado interno como externo.
Desde una perspectiva regional, la crisis expuso las fragilidades estructurales de Bolivia, un país dependiente de la importación de combustibles y con un sistema financiero vulnerable a bloqueos políticos. La falta de divisas no solo afectó la movilidad y la economía cotidiana, sino que puso en riesgo la organización y logística de un proceso electoral crucial.
Las voces ciudadanas reflejaron la frustración y el desencanto. Usuarios en ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba enfrentaron horas en filas, mientras comerciantes y transportistas denunciaron pérdidas y dificultades para mantener sus actividades. En contraste, sectores políticos opositores aprovecharon la crisis para cuestionar la gestión gubernamental y fortalecer su discurso de cambio.
Tras la elección, el nuevo gobierno de Rodrigo Paz prometió resolver la crisis desde el primer día de su mandato, que comenzó el 8 de noviembre. Sin embargo, al cabo de un mes, las soluciones han sido parciales y la escasez persiste en ciertas regiones, evidenciando que la crisis no fue solo un episodio electoral, sino un desafío estructural.
En conclusión, la crisis de combustible en Bolivia durante 2025 fue un episodio donde se entrelazaron la debilidad institucional, la confrontación política y las limitaciones económicas. El bloqueo parlamentario y la falta de divisas fueron factores determinantes, mientras que las acusaciones mutuas entre actores políticos profundizaron la polarización. La situación puso en evidencia que la estabilidad del abastecimiento energético es un indicador clave para la gobernabilidad y la cohesión social en Bolivia. La capacidad de superar estos obstáculos dependerá de la voluntad política para construir consensos y de reformas que fortalezcan la autonomía financiera y operativa del sector energético estatal.
Fuentes consultadas incluyen reportes de Cooperativa.cl, declaraciones oficiales del Ministerio de Hidrocarburos boliviano, y análisis de la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia.