Error en cuentas de luz: la crisis política que sacudió al Ministerio de Energía en octubre 2025
En octubre de 2025, un error técnico en el cálculo de las cuentas de luz desató una tormenta política y social cuya reverberación aún se siente en el debate público chileno. La Comisión Nacional de Energía (CNE) detectó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue aplicado dos veces en las boletas eléctricas, inflando artificialmente los cobros a los usuarios. Este fallo, que se venía arrastrando desde 2017, fue revelado públicamente el 14 de octubre y desencadenó una acusación constitucional presentada por diputados de la UDI contra el ministro de Energía, Diego Pardow, apenas un día después.
El choque se instaló en el epicentro del poder político, donde la oposición acusó al ministro de una negligencia «dolosa e inexcusable», que vulneró principios básicos de probidad y responsabilidad política. Los diputados Guillermo Ramírez, Juan Antonio Coloma, Henry Leal y Marco Antonio Sulantay señalaron que “aquí no solo ha existido una falta de supervisión y control en un área tan sensible como la fijación de precios de la energía, sino que también una vulneración al principio de probidad.”
Por su parte, Pardow defendió la medida como un ajuste metodológico propuesto por la CNE, que a partir de enero de 2026 debería reflejar una disminución promedio del 2% en las tarifas eléctricas. “Es un informe técnico preliminar sujeto a observaciones de las empresas, por lo que llamamos a esperar el desarrollo de este proceso institucional”, afirmó el ministro en medio del fuego cruzado.
Este episodio no solo mostró la fragilidad de los controles técnicos en un sector estratégico para la economía y la vida cotidiana, sino que además puso en evidencia las profundas fracturas políticas y sociales en torno a la gestión pública y la regulación energética. Desde sectores progresistas se planteó la necesidad de fortalecer la transparencia y la fiscalización independiente, mientras que desde la derecha se insistió en la responsabilidad política directa del ministro.
En regiones, la polémica tuvo un impacto desigual. Usuarios en zonas con mayor pobreza energética denunciaron el aumento inesperado en sus cuentas, mientras que las empresas distribuidoras enfrentaron críticas por la falta de comunicación y la demora en corregir el error.
Con más de un mes transcurrido desde la revelación, la acusación constitucional sigue su trámite en el Congreso, mientras la CNE continúa el proceso de revisión técnica y consulta pública. El error en las cuentas de luz ha abierto un debate más amplio sobre la gobernanza del sector energético y la confianza ciudadana en las instituciones.
La verdad que emerge es clara: la gestión técnica y política del sector energético requiere reformas profundas para evitar que errores técnicos se traduzcan en crisis políticas y sociales. La responsabilidad no puede recaer únicamente en un ministro, pero tampoco puede diluirse en la burocracia. La crisis dejó en evidencia que la transparencia, la supervisión rigurosa y la comunicación efectiva con la ciudadanía son condiciones ineludibles para la estabilidad y legitimidad del sistema energético chileno.