Crisis en Energía: La Acusación Constitucional contra Pardow y el Debate sobre la Gestión Pública
Un error técnico o una falla política? La polémica que estalló a mediados de octubre en torno a las cuentas de la luz no se ha disipado con el paso de las semanas. El Ministerio de Energía, liderado por Diego Pardow, corrigió la metodología para aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al precio de la electricidad, lo que derivó en una rebaja anunciada para enero de 2026. Sin embargo, lejos de ser una buena noticia, esta corrección desató un terremoto político que culminó con la presentación de una acusación constitucional contra el ministro, impulsada por la UDI y apoyada por sectores de la oposición y parte del oficialismo.
El campo de batalla político
"Si las explicaciones del ministro no son suficientes, supongo que el Presidente de la República lo va a remover de inmediato", declaró el diputado gremialista Marco Antonio Sulantay, quien calificó la situación como una 'negligencia inexcusable'. La acusación constitucional, argumentan sus promotores, es el mecanismo adecuado para hacer valer las responsabilidades políticas y evitar que un error que afecta el bolsillo de millones quede sin sanción.
Desde Renovación Nacional, el jefe de bancada Fran Sauerbaum sostuvo que "por muy amigo del Presidente que sea, Pardow debe dejar el cargo", enfatizando que la gestión ha mostrado incompetencia reiterada. En un tono similar, la diputada del Partido Republicano Sofía Cid denunció que "esto no es un simple desliz técnico, es amateurismo" que requiere respuestas rápidas.
Por otro lado, voces dentro del oficialismo, como el diputado Jaime Mulet (FRVS), reconocen la gravedad de los hechos pero llaman a esperar el informe definitivo para confirmar responsabilidades, mientras que sectores técnicos defienden la complejidad del proceso y alertan sobre la politización de un asunto que, en principio, debiera ser técnico.
Más allá del cálculo: consecuencias sociales y confianza pública
Desde 2024, los clientes han estado pagando un cargo mensual para cubrir compensaciones a empresas en caso de interrupciones del servicio, una medida que ya generaba cuestionamientos. El error en las tarifas, que llevó a ajustes sucesivos y al aumento final más allá de lo legal, no solo impactó económicamente a las familias, sino que también erosionó la confianza en las instituciones encargadas de velar por el servicio eléctrico.
"Alguien tiene que asumir la responsabilidad de esto, sea el ministro o quien haya cometido el error", señaló la diputada comunista Karol Cariola, exigiendo compensaciones para los usuarios afectados y dejando en claro que la impunidad no es opción.
Un espejo para la gestión pública chilena
Este episodio desnuda tensiones profundas entre la gestión técnica y la responsabilidad política en un área sensible para la ciudadanía. La discusión trasciende la figura de Pardow y apunta a cómo el Estado chileno enfrenta la complejidad técnica en sectores estratégicos, la transparencia en la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
El debate ha puesto en evidencia también la fragmentación política, donde la defensa o ataque al ministro se articulan en función de intereses partidarios y calculadas estrategias electorales, mientras que la ciudadanía permanece expectante, afectada y dividida.
Constataciones finales
A la fecha, la acusación constitucional sigue su trámite en el Congreso, mientras el informe definitivo de la Comisión Nacional de Energía se espera para aclarar responsabilidades. Lo que queda claro es que el episodio ha dejado una marca en la percepción pública sobre la gestión energética y la capacidad del gobierno para administrar sectores clave con rigor técnico y político.
En una democracia que busca equilibrio entre eficiencia y justicia social, esta crisis invita a reflexionar sobre los límites del error, la necesidad de controles más robustos y la urgencia de una política energética que no solo sea técnicamente sólida, sino también legítima y transparente para todos los chilenos.