Acusación constitucional contra Diego Pardow: El pulso que divide al oficialismo y pone en jaque su futuro político
Un escenario político tenso y dividido se ha instalado en Chile desde que la oposición, con apoyo de algunos sectores del oficialismo, presentó una acusación constitucional (AC) contra Diego Pardow, exministro de Energía, por el error metodológico en la fijación de tarifas eléctricas que afectó a miles de familias. El 27 de octubre, la Cámara de Diputados sorteó una comisión revisora con mayoría oficialista para analizar el libelo, pero la calma aparente no ha impedido que las tensiones internas crezcan y las disputas políticas se agudicen.
Una acusación que fractura al oficialismo
El Frente Amplio (FA), partido de Pardow, ha manifestado preocupación ante los descuelgues evidenciados en otras colectividades oficialistas, como el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana (DC). Andrés Couble, secretario general del FA, expresó la necesidad de que "los partidos y parlamentarios voten responsablemente esta acusación, que no tiene fundamento", y pidió gestiones a La Moneda y a las directivas para evitar que la AC prospere.
Sin embargo, la realidad es más compleja. Diversos diputados de la DC, PPD, y otros sectores han mostrado apertura a respaldar la acusación. Figuras como Jaime Araya (PPD), Jaime Naranjo (DC) y Eric Aedo (vicepresidente de la Cámara y DC) han adelantado su intención de votar a favor, mientras que la candidata presidencial del sector, Jeannette Jara, ha señalado que la decisión es autónoma de los parlamentarios.
Estos descuelgues reflejan una tensión entre la disciplina partidaria y las presiones electorales y políticas que atraviesan a los partidos de gobierno, en un momento en que las elecciones están a la vuelta de la esquina.
La Moneda entre la defensa y la prudencia
El gobierno, a través de los ministros Álvaro Elizalde (Interior) y Macarena Lobos (Secretaría General de la Presidencia), ha desplegado esfuerzos para monitorear la situación y coordinar la defensa de Pardow. Elizalde ha actuado como enlace directo con el exministro, mientras Lobos ha entablado contactos con actores clave, como el diputado Jaime Mulet (FRVS), presidente de la comisión revisora.
No obstante, las gestiones no han logrado convencer a todos. Por ejemplo, el diputado radical Rubén Oyarzo afirma no haber recibido llamados desde La Moneda, lo que evidencia la dificultad para unificar posiciones en un tema que ha trascendido lo técnico y se ha politizado profundamente.
El costo personal y político para Pardow
Más allá del debate político, la acusación tiene consecuencias concretas para Diego Pardow. De prosperar la AC, quedaría inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos, incluyendo su actividad académica como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde ha impartido clases desde 2008. Esta amenaza ha sido descrita como una "pesadilla" para el exministro, quien no busca protagonismo político y prefiere mantenerse en un segundo plano.
El temor a quedar marginado de la vida pública y académica ha llevado a Pardow a evitar solicitar apoyo explícito a su partido, confiando en que la falta de fundamentos del libelo sea evidente para la mayoría.
Voces en conflicto: entre responsabilidad política y uso electoral
Las posturas al interior del oficialismo no solo reflejan diferencias tácticas, sino también una disonancia cognitiva sobre la naturaleza del caso. Jaime Sáez, jefe de bancada del FA, ha señalado que "debe imperar la responsabilidad política para comprender la acusación y rechazarla por ser un aprovechamiento político y electoral de la derecha". En contraste, sectores como la DC sostienen que no se puede descartar ninguna acción ante un daño que afecta a miles de familias.
Esta tensión se traduce en un pulso donde la política, la justicia y la percepción ciudadana se entrelazan, generando un escenario de incertidumbre y desgaste para todos los involucrados.
Constataciones finales
Este caso ha puesto en evidencia las dificultades del oficialismo para mantener cohesión en temas sensibles, especialmente cuando la presión electoral y la opinión pública inciden directamente en las decisiones legislativas.
La acusación constitucional contra Diego Pardow no solo cuestiona la gestión técnica en el Ministerio de Energía, sino que también desafía la capacidad del gobierno para ordenar su coalición y enfrentar las consecuencias políticas de sus errores. A nivel personal, Pardow enfrenta la posibilidad concreta de quedar marginado del espacio público y académico, un costo que va más allá de la política inmediata.
Finalmente, el episodio invita a reflexionar sobre la relación entre responsabilidad política, justicia y estrategia electoral en un sistema democrático, donde las disputas pueden trascender los hechos y convertirse en símbolos de luchas más profundas.
Fuentes consultadas: La Tercera, Diario Financiero, declaraciones oficiales de diputados y ministros, análisis parlamentarios.