Gobierno y empresas eléctricas: la devolución pendiente que divide y retrasa alivios en las cuentas de luz
Un error que se arrastra desde 2017 y que infló las cuentas de la luz en Chile ha desatado un enfrentamiento que, a tres semanas de su revelación pública, sigue sin resolverse plenamente. La Comisión Nacional de Energía (CNE) detectó un doble cobro por concepto de inflación y un cobro adicional involuntario de la transmisora Transelec, que en conjunto suman cerca de 250 millones de dólares en cobros indebidos a los consumidores. El Gobierno, encabezado por el biministro Álvaro García, ha anunciado un plan para devolver ese dinero entre enero y junio de 2026 mediante descuentos en las boletas, pero la industria eléctrica no reconoce un acuerdo formal con el Ejecutivo.
El origen del conflicto está en la metodología aplicada para calcular el Precio de Nudo Promedio (PNP), que desde 2017 habría generado cobros mayores a los justos. El exministro Diego Pardow, quien dejó el cargo tras el escándalo, había anticipado un cambio metodológico que permitiría una rebaja promedio del 2% en las cuentas a partir de 2026. Sin embargo, la revelación de un error adicional en Transelec reavivó la polémica y llevó a la presentación de una acusación constitucional contra Pardow, impulsada por diputados opositores, que busca sancionarlo con la inhabilitación para cargos públicos por cinco años.
El choque entre Gobierno y generadoras es claro y público. Mientras el Ejecutivo asegura que existe un compromiso para devolver lo cobrado de más, la Asociación de Generadoras de Chile sostiene que nunca hubo una negociación ni acuerdo formal. Camilo Charme, director ejecutivo del gremio, afirmó que “la decisión de poner a disposición la totalidad del monto definido por la CNE fue autónoma y proactiva, sin mediar negociación con el Gobierno”. Por su parte, el ministro García reconoció que “no hubo negociación” y que el Gobierno simplemente comunicó lo que correspondía devolver, y las empresas respondieron con su disposición.
Desde la perspectiva política, la crisis ha golpeado duramente la estabilidad del Ministerio de Energía. La renuncia de Pardow y la acusación constitucional en curso evidencian la gravedad del error y sus consecuencias políticas. Para el oficialismo, la devolución es una medida necesaria para restaurar la confianza; para la oposición, es una muestra más de la ineficiencia y falta de control del Ejecutivo sobre sectores clave.
En el plano social, el impacto en las familias chilenas es tangible pero matizado. Aunque el monto individual de la devolución anunciado es modesto —alrededor de 2.000 pesos por cliente—, la suma total es significativa y la percepción de un cobro indebido ha generado desconfianza en el sistema tarifario y en las autoridades regulatorias.
En conclusión, este episodio revela varias verdades incómodas: el sistema tarifario eléctrico chileno presenta vulnerabilidades técnicas y de supervisión que requieren reformas profundas; la relación entre el Estado y las empresas del sector está marcada por desconfianzas y falta de comunicación efectiva; y la política energética, lejos de ser un tema técnico, se convierte en un campo de batalla política con consecuencias para la gobernabilidad.
El desafío para los próximos meses será que la devolución efectivamente llegue a los consumidores, que se esclarezcan responsabilidades y que se implementen mecanismos para evitar que un error de esta magnitud vuelva a repetirse. Mientras tanto, el coliseo de la energía chilena sigue abierto, con sus protagonistas enfrentados y la ciudadanía expectante.