Error en tarifas eléctricas: la crisis que reveló grietas en el sistema y desató un pulso político inesperado
Un fallo técnico con consecuencias políticas y sociales
El 15 de octubre de 2025, un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE) detectó un error metodológico en el cálculo de las tarifas eléctricas que resultó en un cobro excesivo a los consumidores. La doble aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en ciertos períodos infló artificialmente las cuentas de luz. Esta anomalía no solo afectó el bolsillo de miles de hogares, sino que también desnudó la fragilidad de un sistema regulatorio con normas complejas y poco transparentes.
La noticia se confirmó oficialmente cuando la CNE reconoció la inconsistencia y anunció que las tarifas se reducirían en promedio un 2% a partir de enero de 2026, con variaciones según la comuna. Comunas como Copiapó y localidades interiores de Valparaíso podrían experimentar rebajas cercanas al 7% y 6%, respectivamente.
Sin embargo, el daño ya estaba hecho: más de US$115 millones fueron pagados de más, y la desconfianza se instaló en la ciudadanía.
---
El escenario político: renuncias y exigencias
La crisis provocó una sacudida en el gobierno. El ministro de Energía, Diego Pardow, y el subsecretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, presentaron su renuncia en medio de fuertes presiones. En su lugar, el presidente Gabriel Boric designó a Álvaro García como biministro de Economía y Energía, buscando estabilizar el sector.
"Este es un hecho grave, que debe ser remediado con responsabilidad y transparencia", declaró Pardow antes de su salida, mientras que García se comprometió a acelerar las correcciones y a transparentar el proceso.
Desde la oposición, las críticas no tardaron en llegar. El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, exigió un plan claro de compensación para los afectados, señalando que "no basta con devolver lo pagado de más, hay que considerar el daño patrimonial generado, incluyendo la inflación".
Por su parte, el candidato presidencial José Antonio Kast calificó la situación como "una negligencia que refleja la inoperancia del gobierno" y pidió una investigación exhaustiva para identificar a los responsables.
---
Las compañías eléctricas en el ojo del huracán
En medio del escándalo, voces críticas apuntaron también a las empresas distribuidoras y generadoras. El candidato independiente Harold Mayne-Nicholls sostuvo que, aunque el error fue del Estado, las compañías "sabían que estaban cobrando de más y se quedaron calladas".
Mayne-Nicholls planteó la necesidad de una ética empresarial que vaya más allá del cumplimiento legal y propuso que las firmas eléctricas devuelvan las ganancias obtenidas por el cobro excesivo, algo que la legislación actual no contempla.
Enel, una de las principales distribuidoras, informó a sus clientes que está a la espera de instrucciones oficiales para corregir las cuentas, subrayando que las tarifas son reguladas por la autoridad y que la empresa actúa como recaudadora.
---
Distintas miradas, un mismo desafío
Este episodio expone las tensiones entre el Estado, el mercado y los consumidores en un sector estratégico como la energía. Por un lado, la complejidad normativa y la falta de controles adecuados permitieron que un error técnico se tradujera en un perjuicio económico tangible y en una crisis política de alto impacto.
Por otro, la reacción de las empresas y del gobierno ha sido interpretada con escepticismo y desconfianza por amplios sectores sociales y políticos, que cuestionan la transparencia y la ética de los actores involucrados.
Finalmente, la ciudadanía enfrenta la incertidumbre sobre cómo y cuándo se materializarán las compensaciones y si las reformas necesarias para evitar que este tipo de fallas se repitan serán implementadas con la urgencia requerida.
---
Conclusiones y consecuencias
El error en el cálculo de las tarifas eléctricas ha dejado al descubierto una falla sistémica que va más allá de un simple fallo técnico: es un síntoma de una regulación compleja, poco fiscalizada y con actores que no siempre actúan con la transparencia necesaria.
La salida de dos altos funcionarios y la creación de un ministerio biministerial son medidas inmediatas, pero insuficientes para restaurar la confianza perdida.
El debate político continúa abierto, con demandas de compensación y llamados a una revisión profunda del sistema tarifario y de la relación entre Estado y empresas.
Para los consumidores, la promesa de una baja en las tarifas a partir de 2026 llega tarde, y la expectativa ahora se centra en la efectividad y justicia de las medidas compensatorias.
Este caso será, sin duda, un referente para futuras discusiones sobre regulación, ética empresarial y responsabilidad política en Chile.