
En las últimas semanas, el caso de Krishna Aguilera conmovió a San Bernardo y al país entero. La joven fue encontrada fallecida semanas después de su desaparición, un episodio que desnudó la violencia y las fallas en la protección ciudadana. Sin embargo, lejos de cerrarse el capítulo, la tragedia se extendió a su familia.
El 11 de noviembre, Cristal Aguilera, hermana de Krishna, fue víctima de una grave agresión física en las cercanías del domicilio familiar en San Bernardo. Lo que inicialmente pareció un robo —le sustrajeron el celular—, rápidamente se reveló como un ataque con motivaciones más profundas, posiblemente vinculadas a la venganza por la denuncia pública contra los imputados detenidos por el crimen de su hermana.
El alcalde de San Bernardo, Christopher White, confirmó que el estado físico de Cristal es complejo y denunció que la agresión es parte de una estrategia de intimidación. “Las cámaras se van a apagar y estos tipos van a venir por la vendeta, por la venganza. Y la verdad que no esperaron ni que pasaran dos semanas y lo hicieron”, afirmó en un programa televisivo.
Este episodio ha abierto un nuevo capítulo de discusión en torno a la seguridad y el sistema de justicia local. Desde una perspectiva política, algunos sectores de oposición han señalado la falta de políticas públicas efectivas para proteger a víctimas y familiares, denunciando un vacío estatal que alimenta la impunidad y el miedo.
Por otro lado, representantes del gobierno local han enfatizado los esfuerzos en acompañamiento y protección a Cristal, quien por seguridad se trasladó a otra comuna. Sin embargo, reconocen que la violencia estructural y la presencia de grupos delictuales en San Bernardo complican la respuesta institucional.
En la comunidad, la agresión ha generado conmoción y temor. Vecinos y organizaciones sociales expresan una mezcla de solidaridad con la familia Aguilera y frustración por la persistencia de la violencia. “No es solo un caso, es un reflejo de lo que vivimos día a día en barrios como este, donde la justicia parece lejana y la violencia cotidiana es una amenaza constante”, comenta una dirigente vecinal.
Este caso revela la complejidad de la violencia que atraviesa a ciertos sectores de la Región Metropolitana, donde los límites entre crimen organizado, inseguridad ciudadana y fallas institucionales se diluyen.
La agresión a Cristal Aguilera, lejos de ser un hecho aislado, pone en evidencia una cadena de consecuencias que se extienden más allá del hecho inicial. La violencia no solo afecta a la víctima directa, sino que se expande a su entorno, generando un clima de miedo y desconfianza.
La reflexión que deja este episodio es clara: sin una respuesta integral que combine justicia efectiva, políticas públicas de protección y fortalecimiento comunitario, la violencia seguirá reproduciéndose y cobrando nuevas víctimas. La historia de la familia Aguilera es un espejo donde se reflejan las heridas abiertas de una sociedad que aún no logra romper con ciclos de violencia y vulnerabilidad.
Las voces discrepantes y las tensiones entre actores políticos, sociales y ciudadanos configuran un escenario que exige más que reacciones inmediatas: demanda un compromiso profundo y sostenido para transformar realidades complejas y dolorosas.