Centros de datos en Querétaro: crecimiento sin control ambiental en medio de una crisis hídrica

Querétaro enfrenta un dilema que se ha ido gestando sin prisa pero con consecuencias crecientes: la llegada masiva de centros de datos, impulsada por millonarias inversiones de gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Amazon, ha desatado un choque entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.

Desde 2022, al menos doce centros de datos se han instalado en este estado semiárido, con una inversión acumulada que supera los 16 mil millones de dólares. Sin embargo, esta expansión ha ocurrido bajo un manto de opacidad y una clasificación legal que los exime de presentar manifestaciones de impacto ambiental, según la Secretaría de Desarrollo Sustentable local.

Marco del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable, sostiene que "el data center es una empresa de servicios que no procesa insumos ni genera emisiones directas", por lo que no requiere evaluación ambiental. Esta postura ha sido clave para que las empresas evadan regulaciones que otras industrias sí deben cumplir.

Por otro lado, voces expertas y comunitarias denuncian que esta exención ignora la realidad del impacto indirecto, especialmente en el uso de recursos críticos como el agua y la energía. Paola Ricaurte, académica del Tecnológico de Monterrey, advierte que "sin evidencia concreta no podemos defender el derecho a la salud ni exigir transparencia sobre decisiones gubernamentales".

Querétaro arrastra una crisis hídrica que se ha prolongado por más de cuatro años, con racionamientos y escasez que afectan a sus habitantes. Los centros de datos requieren grandes volúmenes de agua para enfriar sus servidores, un consumo que, aunque no se ha documentado con precisión, genera preocupación en comunidades locales.

Teresa García Gasca, exrectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, señala que "la falta de transparencia genera desconfianza y pone en riesgo a la población". Sin datos claros, es imposible dimensionar la huella hídrica real de estas instalaciones ni su procedencia.

Además, la exención fiscal que reciben estas empresas, al no ser consideradas fuentes fijas de emisiones contaminantes, ha generado críticas por crear una ventaja desleal frente a otras industrias y por no internalizar los costos ambientales asociados a su operación.

Este conflicto no es exclusivo de Querétaro ni de México. A nivel global, países desde Chile hasta Sudáfrica compiten por atraer centros de datos con incentivos que muchas veces dejan de lado la sostenibilidad ambiental. En Estados Unidos y Brasil, por ejemplo, la regulación se ha flexibilizado para acelerar la llegada de estas infraestructuras.

Lorenia Trueba, abogada ambientalista, recuerda que "la legislación estatal y tratados internacionales obligan a evaluar cualquier actividad con posible impacto ambiental", y cuestiona la interpretación que permite esta exención.

En las comunidades afectadas, el escenario se asemeja a un coliseo donde el poder económico y político se enfrenta a la resistencia ciudadana y a la urgencia de preservar recursos vitales. Las autoridades, por un lado, buscan atraer inversiones millonarias; por el otro, las personas sufren cortes de agua y energía que parecen un precio demasiado alto.

Conclusiones

La historia de los centros de datos en Querétaro es una tragedia en desarrollo donde la falta de regulación y transparencia ha permitido que se priorice el crecimiento económico sobre la sustentabilidad y los derechos ciudadanos. La clasificación legal que los exime de evaluaciones ambientales y de impuestos por emisiones crea un vacío normativo que dificulta la rendición de cuentas.

Mientras tanto, la crisis hídrica no da tregua y las comunidades exigen información y participación en decisiones que afectan su entorno y calidad de vida.

Este caso pone en evidencia la necesidad urgente de actualizar marcos regulatorios, fortalecer la fiscalización y promover un diálogo abierto entre empresas, autoridades y sociedad civil para encontrar un equilibrio que no sacrifique el futuro ambiental por beneficios económicos inmediatos.