Cathy Barriga y Joaquín Lavín: La trama del fraude electoral y la caída política que redefine Maipú

Un escándalo que marcó un antes y un después en la política local de Maipú ha ido revelando capas de irregularidades que involucran a la exalcaldesa Cathy Barriga y a su esposo, el diputado Joaquín Lavín Leán.

En 2021, Barriga rindió al Servicio Electoral (Servel) una factura por $10 millones a nombre de Modo74 SpA, empresa proveedora de servicios de mensajería electoral y vinculada a Lavín. Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) constató que esos fondos públicos nunca llegaron a la empresa, sino que fueron transferidos a Lavín.

El Ministerio Público acusa a Lavín de ser el dueño en las sombras de Modo74, mientras que la Contraloría detectó que Barriga no pagó a la empresa pese a rendir los gastos ante el Servel, que luego reembolsó esos $10 millones a su cuenta electoral. En lugar de saldar la deuda con Modo74, Barriga transfirió $61 millones a su esposo.

Por su parte, Lavín rindió facturas por $15 millones a Modo74, de las cuales solo $3 millones habrían sido pagados a la empresa, mientras que el resto quedó sin respaldo de transferencias o depósitos en efectivo. La Contraloría no encontró evidencia que confirmara el pago íntegro de esos servicios.

"Todo lo he pagado a la empresa", declaró Lavín ante la Fiscalía en abril de 2025, una afirmación que la CGR desmiente con documentos y registros bancarios.

Este entramado ha derivado en una solicitud de desafuero contra Lavín por presunto fraude al fisco y otros delitos relacionados con asignaciones parlamentarias, cuya revisión está pendiente en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Perspectivas enfrentadas

Desde el oficialismo, sectores críticos al dúo Barriga-Lavín denuncian una red de corrupción que corroe la confianza ciudadana y exige sanciones ejemplares. Para ellos, este caso es la punta del iceberg de prácticas clientelistas y opacas que han erosionado la gestión pública en Maipú.

En cambio, defensores de la exalcaldesa y el diputado insisten en la inocencia de ambos y en que las irregularidades se deben a errores administrativos o interpretaciones legales. La defensa legal de Lavín, representada por Cristóbal Bonacic, ha optado por el silencio ante las consultas, mientras Barriga ha enfrentado su proceso con una mezcla de disculpas públicas y declaraciones emotivas, como la que dio en septiembre al recordar su paso por prisión preventiva.

Consecuencias visibles y contexto más amplio

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmó en septiembre de 2025 la inhabilitación de Cathy Barriga para ejercer cargos públicos por cinco años, debido a faltas a la probidad y notable abandono de deberes. Esta sanción se suma a la pérdida de confianza política y a la crisis institucional que atraviesa la comuna de Maipú, que además ha tenido que lidiar con el desvío de casi mil millones de pesos del fondo Covid para cubrir deudas municipales, otra mancha en la gestión de Barriga.

Socialmente, el caso ha polarizado a la opinión pública, con sectores que demandan mayor transparencia y rendición de cuentas, y otros que ven en Barriga una figura víctima de persecución política.

La tragedia de la política local

En este drama, la exalcaldesa ha compartido su dolor públicamente, describiendo el día de su prisión preventiva como "el peor día de su vida", con un relato marcado por la preocupación por su hijo autista y la sensación de injusticia. Al mismo tiempo, la revelación de peleas internas en la cárcel y la exposición mediática han contribuido a la construcción de una narrativa que mezcla tragedia personal y escándalo público.

Constataciones finales

Este caso deja en evidencia la complejidad y los riesgos de las finanzas políticas en Chile, donde la mezcla entre recursos públicos y manejos privados puede derivar en prácticas opacas y delitos. La relación entre Barriga y Lavín, lejos de ser un simple vínculo familiar, se ha convertido en el eje de una investigación que pone en jaque la ética y la legalidad en la gestión pública.

Mientras se espera la resolución judicial definitiva, el daño político ya es tangible: la inhabilitación de Barriga y la posible caída de Lavín en el Congreso reflejan un costo alto para la confianza ciudadana y la gobernabilidad local.

Este episodio invita a una reflexión profunda sobre la necesidad de controles más rigurosos, transparencia real y una cultura política que priorice el interés público por sobre el privado, para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse en el escenario chileno.