Estado de excepción en la Macrozona Sur: Tres años de medidas extraordinarias y un conflicto sin salida clara

Tres años y medio después de su instauración, el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur sigue siendo el eje central de las políticas de seguridad en La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. Desde el 18 de mayo de 2022 hasta noviembre de 2025, el Congreso ha aprobado 61 prórrogas mensuales para mantener esta medida. El despliegue militar, que incluye vehículos blindados, helicópteros y un apoyo coordinado con Carabineros y la PDI, ha buscado contener la violencia rural que por años ha marcado la región.

Un descenso medible, pero no absoluto

Según informes oficiales y estudios independientes, la violencia rural ha disminuido entre un 33% y 53% en comparación con años anteriores, y en algunos indicadores, la reducción supera el 70% respecto a 2021. Ataques a infraestructura, usurpaciones y hechos violentos han bajado, y las fuerzas de seguridad destacan el aumento en controles y detenciones. Sin embargo, la violencia no ha desaparecido.

El abogado Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio sobre Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, señala que la violencia se concentra en territorios específicos —como la provincia de Malleco y comunas como Collipulli y Ercilla— donde operan grupos radicalizados como la Resistencia Mapuche Malleco, que incluso ha incrementado sus acciones violentas en un 179%. “Es el único lugar en Chile donde no se ha podido realizar el censo y donde la principal autoridad de seguridad fue atacada”, explica Urquízar.

Voces enfrentadas en el debate público

El gobierno, representado por ministros como Adriana Delpiano y Luis Cordero, defiende el estado de excepción como una herramienta necesaria para contener la violencia y generar condiciones para la inversión y el empleo. “Ha disminuido muchísimo todo lo que son las acciones violentas”, afirmó Delpiano, mientras Cordero subrayó la importancia de la acción judicial contra responsables de atentados y la necesidad de mantener la medida.

Por otro lado, organizaciones forestales y de transporte han criticado duramente la medida, señalando que “el estado de excepción sin el debido respaldo y atribuciones a las Fuerzas Armadas no cumple con el objetivo de brindar seguridad” y responsabilizando al Ejecutivo por el daño a trabajadores y comunidades que viven bajo amenaza constante. Reclaman un uso más decidido de la fuerza y facultades plenas para las FF.AA., como lo planteó el almirante Edmundo González, quien aseguró que con esas atribuciones podrían erradicar a los grupos terroristas en 72 horas.

Desde la sociedad civil mapuche, voces como la de Mario Milla, comunero de Loncoche, denuncian que la violencia y la represión son parte de un conflicto histórico no resuelto, que no se soluciona con presencia militar prolongada. “Es negar lo que nosotros hemos sufrido”, afirma, y llama a visibilizar sus derechos.

Un estado de excepción sin horizonte claro

El Congreso ha aprobado la prórroga 61, pero varios parlamentarios, incluso dentro de la coalición gobernante, han pedido diseñar una estrategia de salida que permita reducir gradualmente la presencia militar y recuperar la normalidad. Sin embargo, la persistencia de ataques, como el incendio de maquinarias y camiones, y hechos violentos aislados mantienen la sensación de un conflicto enquistado.

Expertos advierten sobre los riesgos de normalizar la excepción y la necesidad de una política integral que combine seguridad, inteligencia, desarrollo socioeconómico y reconocimiento cultural. Urquízar plantea cinco desafíos, entre ellos evitar la normalización del estado de excepción y fortalecer la inteligencia estatal para operar con eficacia.

Constataciones finales

El Estado de Excepción en la Macrozona Sur ha logrado contener, en términos cuantitativos, la violencia rural, pero no ha resuelto el conflicto de fondo ni ha generado condiciones de paz duradera. La coexistencia de discursos que defienden la medida y otros que la critican revela una tensión latente entre seguridad y derechos, entre orden público y reconocimiento político-cultural.

Más de mil días bajo una medida excepcional que se ha convertido en permanente, con una reducción significativa de hechos violentos, pero con focos activos de radicalización y violencia extrema. La pregunta que persiste es si la prolongación indefinida de esta medida contribuye a la solución o, por el contrario, profundiza la fractura social y política en la región.

El conflicto en la Macrozona Sur sigue siendo un desafío para el Estado chileno, que debe equilibrar la legítima demanda de seguridad con la necesidad de construir un diálogo y una convivencia que trascienda la excepcionalidad y la militarización.

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Fuentes: La Tercera, Cooperativa.cl, Universidad Andrés Bello (OCRIT), declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa y Seguridad Pública, análisis de organizaciones forestales y sociales, entrevistas a expertos y actores locales.