Caso Julia Chuñil: El fuego que divide a Chile entre verdad y sospecha
El caso Julia Chuñil ha dejado de ser una simple investigación judicial para convertirse en un escenario donde convergen las tensiones políticas, sociales y culturales que atraviesan a Chile. A casi un año de la desaparición de esta activista mapuche medioambiental, la narrativa oficial y las voces de la familia y organizaciones sociales se enfrentan en un cruce que expone no solo la complejidad de la investigación, sino también las heridas abiertas en torno a los derechos indígenas y el activismo ambiental.
El 8 de noviembre de 2024, Julia Chuñil desapareció en Máfil, Región de Los Ríos, tras salir a buscar ganado junto a su perro Cholito. Desde entonces, su paradero sigue siendo un misterio que ha movilizado a su familia, organizaciones indígenas y ambientales, y que ha puesto bajo la lupa a empresarios y actores locales.
¿Quién era Julia Chuñil? ¿Activista o campesina?
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, generó una controversia al declarar públicamente que no existen antecedentes claros que confirmen a Chuñil como activista ambiental organizada, sino que más bien llevaba una vida rural dedicada a su familia y actividades agrícolas. "No existen antecedentes que permitan afirmar que (Chuñil) ejerciera una labor política o de activista organizada", afirmó Esquivel en entrevista con La Segunda.
Esta postura chocó frontalmente con la posición del Ministerio de Justicia, cuyo titular Jaime Gajardo sostuvo que "no tenemos ninguna duda de que ella era defensora medioambiental". La discrepancia entre ambos poderes del Estado no solo refleja diferencias en la interpretación de hechos, sino también tensiones sobre el reconocimiento y protección de defensores de derechos humanos en Chile.
Las sospechas que incendian la investigación
En octubre de 2025, la abogada querellante Karina Riquelme reveló un antecedente que impactó el desarrollo de la causa: una interceptación telefónica donde Juan Carlos Morstadt, empresario dueño del terreno donde Chuñil fue vista por última vez, habría admitido que "la quemaron". Morstadt negó rotundamente estas acusaciones, calificándolas de falsas y anunciando acciones legales.
La supuesta conversación fue encontrada en intercepciones telefónicas autorizadas por el fiscal Jaime Calfil, y ha sido objeto de controversia por una presunta filtración parcial y sesgada.
El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que se investiga esta filtración y advirtió que los antecedentes conocidos públicamente son incompletos, lo que añade una capa más de incertidumbre y desconfianza en el proceso.
Voces en pugna: Estado, familia, sociedad civil
La defensa de la familia, junto a organizaciones como Escazú Chile, han criticado con dureza la postura de la Fiscalía, señalando que pone en evidencia un desconocimiento sobre los derechos de los pueblos originarios y la labor de los defensores ambientales. "Es preocupante que la fiscal no solo desconozca qué es ser un defensor ambiental, sino que contradiga por la prensa los antecedentes de la carpeta investigativa", expresó Sebastián Benfeld, líder de Escazú Chile.
Por otro lado, el Gobierno ha tratado de mantener un equilibrio, reconociendo la autonomía del Ministerio Público pero reafirmando su compromiso con la investigación y la protección de los derechos humanos.
Un caso que trasciende la desaparición
Este conflicto no solo es una tragedia personal y familiar, sino que también es un espejo de las disputas históricas en torno a la tierra, la identidad y la justicia en Chile. La figura de Julia Chuñil se ha convertido en un símbolo que interpela la relación del Estado con los pueblos originarios y los defensores del medio ambiente.
La investigación continúa abierta, con hipótesis que involucran incluso a familiares, y una petición formal para trasladar la causa a la Fiscalía de Aysén.
Constataciones finales
En base a los hechos y las diversas perspectivas, es posible concluir que:
- La desaparición de Julia Chuñil sigue siendo un misterio con profundas implicancias sociales y políticas.
- La disputa entre Fiscalía y Gobierno sobre la identidad de Chuñil como activista revela una tensión estructural sobre el reconocimiento de derechos indígenas y ambientales.
- Las filtraciones y acusaciones contra actores involucrados complican la confianza pública en la investigación.
- La pluralidad de voces, desde la familia hasta organizaciones civiles, demuestra la necesidad de un abordaje más riguroso y sensible a las particularidades culturales y políticas del caso.
Este caso, en definitiva, no solo narra una tragedia individual sino que expone un desafío mayor para Chile: cómo enfrentar las heridas históricas y construir justicia en un país que busca reconciliarse con su diversidad y su memoria.