Bolivia enfrenta crisis energética y tensiones sociales antes del balotaje: ¿una encrucijada entre desarrollo y derechos?

En Bolivia, la crisis energética y social que ha estallado en las semanas previas al balotaje presidencial del 19 de octubre revela un país al borde del colapso, atrapado en un choque entre la necesidad urgente de recursos y la defensa de derechos fundamentales.La escasez de diésel y gasolina ha provocado bloqueos de carreteras, paralización de transporte público y largas filas en estaciones de servicio en ciudades como Cochabamba y Santa Cruz. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) atribuye este desabastecimiento a un problema estructural: la falta de divisas, principalmente dólares, que limita la importación de combustibles desde mercados vecinos.“El Banco Unión ha entregado un monto parcial de aproximadamente 60 millones de dólares, cuando la programación semanal requiere cerca de 65 millones”, explicó Marco Eduardo Durán, gerente de YPFB.

Este cuadro se agrava con la tensión social. Transportistas y sectores productivos denuncian una gestión errática y demandan soluciones inmediatas, mientras que bloqueos en rutas estratégicas afectan la circulación de bienes y personas. La Cámara Nacional de Industrias alertó sobre el impacto en la producción de alimentos, medicamentos y otros insumos esenciales.La crisis se da en el marco de un balotaje histórico entre Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Tuto Quiroga (Libre), que definirá el rumbo político del país.

Paralelamente, la exploración petrolera avanza hacia la Amazonia, una región de alta biodiversidad y hogar de pueblos indígenas, en un contexto de flexibilización de normas ambientales y consulta previa. La cuenca Madre de Dios, donde YPFB ya perfora pozos como Tomachi X1 y X2, es un epicentro de controversias.El investigador Jorge Campanini advierte que “se busca caracterizar a la cuenca Madre de Dios como una fuente energética”, poniendo en riesgo ecosistemas y comunidades como los tacana. La Central de Pueblos Indígenas Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) ha denunciado la falta de consulta previa, libre e informada, un derecho constitucional y protegido por el Convenio 169 de la OIT.El antropólogo Pablo Villegas señala que “las normativas actuales permiten que la consulta se haga una vez firmados los contratos, lo que vulnera derechos fundamentales y genera desconfianza”.

El gobierno saliente ha intentado mitigar la crisis energética con importaciones desde Chile y la apertura de terminales en Arica, pero la solución es temporal y no aborda las causas profundas. El presidente electo Rodrigo Paz ha manifestado su intención de impulsar un “capitalismo energético inteligente”, apostando por alianzas público-privadas y la reactivación de campos maduros, sin aclarar cómo se conciliará con las demandas ambientales y sociales.

Este escenario pone en evidencia un conflicto de intereses: la urgencia económica y energética frente a la protección ambiental y los derechos indígenas. Las tensiones sociales y políticas que emergen de esta encrucijada son un reflejo de una Bolivia que busca su camino entre el extractivismo tradicional y un desarrollo sostenible que aún parece lejano.

Las consecuencias visibles son múltiples: desde el bloqueo de rutas que paraliza la economía local hasta la posible degradación irreversible de ecosistemas amazónicos y la fractura social por la falta de diálogo efectivo. La historia boliviana reciente muestra que este tipo de crisis no se resuelven solo con medidas técnicas, sino con un compromiso político que reconozca la pluralidad de voces y derechos.

En definitiva, Bolivia enfrenta un momento crítico donde las decisiones tomadas en los próximos meses definirán si se avanza hacia un modelo energético más inclusivo y sostenible, o si se profundizan las divisiones y vulneraciones que han marcado su historia reciente.