Revocación de libertad condicional a Mauricio Ortega: Un pulso entre justicia, derechos y memoria de la violencia de género

Revocación de libertad condicional a Mauricio Ortega: Un pulso entre justicia, derechos y memoria de la violencia de género
Actualidad
Justicia Tribunales
2025-11-13
Fuentes
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- Conflicto judicial prolongado entre instancias sobre libertad condicional.

- Voces encontradas entre defensa legal, Estado y organizaciones de derechos de la mujer.

- Impacto simbólico y social en la lucha contra la violencia de género en Chile.

Un caso que ha marcado a Chile vuelve a escena con una nueva batalla judicial. El pasado 22 de octubre de 2025, la Corte de Apelaciones de Coyhaique revocó la libertad condicional otorgada a Mauricio Ortega, condenado por la brutal agresión que dejó ciega a Nabila Rifo en 2016. Esta decisión, respaldada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), ha generado un choque frontal entre la defensa del condenado y las instituciones que velan por los derechos de las víctimas.

El origen de la controversia

Mauricio Ortega fue condenado inicialmente a 26 años de cárcel por el ataque que sufrió Nabila Rifo, su expareja, en Coyhaique, en mayo de 2016. Sin embargo, la Corte Suprema rebajó su condena a 18 años en 2017, argumentando falta de pruebas para el delito de femicidio frustrado. Ortega accedió a la libertad condicional, pero esta fue anulada tras un recurso de amparo presentado por SernamEG, que alegó irregularidades en la notificación a la víctima.

"La notificación debía considerar la condición de discapacidad visual de Nabila, lo que no se cumplió adecuadamente," afirmó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Desde el SernamEG, reiteraron su compromiso con la protección de la víctima y la prevención de la violencia de género.

Defensa y críticas: un contrapunto en tribunales

Cristián Muñoz, abogado defensor de Ortega, calificó la revocación como "ilegal y arbitraria" y argumentó que la notificación se realizó en el domicilio proporcionado por la propia víctima. La defensa insiste en que Ortega cumple con los requisitos para la libertad condicional y que la justicia debe respetar sus derechos procesales.

La Corte Suprema programó una audiencia extraordinaria para el 11 de noviembre de 2025, donde se discutirán estos alegatos. Este pulso judicial no solo pone en tensión el sistema penal chileno, sino que también revive el debate sobre cómo equilibrar derechos del condenado y garantías para las víctimas, especialmente en casos de violencia de género extrema.

Perspectivas desde la sociedad y el poder político

El caso ha dividido opiniones. Por un lado, organizaciones feministas y de derechos humanos ven en la revocación un avance para la dignidad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia. Por otro, sectores que defienden un enfoque garantista para los procesados alertan sobre posibles excesos que podrían sentar precedentes complicados.

"Este caso debe ser un llamado a mejorar los protocolos de notificación y protección, no solo en el papel, sino en la práctica efectiva," comenta una académica experta en derechos humanos de la Universidad de Chile.

En el plano político, la ministra Orellana ha reafirmado la voluntad del Estado de mantener una postura firme contra la violencia de género, mientras que algunas voces críticas solicitan mayor claridad y transparencia en las decisiones judiciales para evitar percepciones de arbitrariedad.

Conclusiones y consecuencias visibles

La saga de Mauricio Ortega y Nabila Rifo es más que un caso judicial; es un espejo de las tensiones sociales y legales que enfrenta Chile en la lucha contra la violencia de género. La revocación de la libertad condicional y la respuesta judicial a los recursos presentados evidencian la complejidad de garantizar justicia efectiva sin sacrificar derechos fundamentales.

El resultado de la audiencia extraordinaria en la Corte Suprema definirá no solo el destino de Ortega, sino también el rumbo de políticas y prácticas en materia de protección a víctimas y garantías procesales. En este escenario, la sociedad chilena observa expectante, consciente de que detrás de cada sentencia hay vidas marcadas por la tragedia, la memoria y la esperanza de un cambio profundo.

Este caso reafirma la urgencia de un debate informado, plural y crítico sobre cómo el sistema judicial y las instituciones públicas deben actuar en casos emblemáticos donde la justicia, la reparación y la seguridad se entrelazan en un delicado equilibrio.