Incautaciones de droga en Chile: un mapa fragmentado de la lucha contra el narcotráfico en 2025
En menos de seis meses, Chile ha sido escenario de una serie de incautaciones de droga y operativos policiales que, vistos en conjunto, dibujan un panorama fragmentado y complejo de la lucha contra el narcotráfico en el país.
El 17 de octubre de 2025, un operativo en la Región Metropolitana logró incautar más de mil kilos de droga —principalmente cannabis sativa y clorhidrato de cocaína— y detener a siete personas, además de decomisar siete armas de fuego, incluyendo un fusil de guerra. Este golpe, según el Prefecto Inspector Erick Menay, apuntó a desarticular la distribución en comunas del sector sur de Santiago, especialmente La Pintana. Para el fiscal regional Héctor Barros, la retirada de armas letales es un paso crucial para contener la violencia que afecta a esas comunidades.
Diez días después, el 23 de octubre, Carabineros realizó allanamientos en Recoleta y Huechuraba tras la detención de dos imputados vinculados a un fatal accidente que costó la vida a un niño de 12 años. En esos domicilios se incautaron cerca de 30 kilos de droga y millones de pesos en efectivo. Tres personas de nacionalidad boliviana fueron formalizadas y quedaron en prisión preventiva por tráfico de drogas, mientras que uno de los imputados, Claudio Gaete, fue formalizado por homicidio con dolo eventual y robo con violencia sin que se le imputara tráfico directo.
“Esta subcélula de tráfico operaba en un inmueble propiedad de la madre de uno de los imputados y facilitaba otras actividades ilícitas”, explicó la fiscal Macarena Cañas, destacando la importancia de la persecución del dinero y el desmantelamiento de las redes que sustentan estos delitos.
Estas operaciones no son aisladas. Durante 2025, se han registrado múltiples incautaciones en distintas regiones:
- En junio, la PDI interceptó 214 kilos de cocaína ocultos en brocas de perforación minera, con un valor que podría superar los 7.500 millones de pesos en Europa.
- En Antofagasta, en menos de 24 horas, se decomisaron 1.700 kilos de droga, acumulando más de 13.500 kilos en el año en esa región, concentrando más del 55% de las incautaciones nacionales.
- En San Antonio, la Aduana detectó 783 kilos de precursores químicos para la fabricación de drogas, declarados contrabando por falta de certificación.
- En Puerto Montt, se incautaron más de 9 mil kilos de cable de cobre robado, junto con armas y dinero en efectivo, evidenciando la conexión entre delitos económicos y la violencia.
Las voces en conflicto
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ha defendido la actuación estatal y el compromiso en la persecución del crimen organizado, subrayando que los operativos abarcan múltiples dimensiones más allá del homicidio, incluyendo el tráfico y lavado de activos.
“Esta actuación oportuna transmite consuelo a la familia de la víctima y es una señal clara de que el Estado está presente”, dijo Cordero tras el operativo en Recoleta.
Sin embargo, desde sectores críticos se apunta a la necesidad de revisar las estrategias estructurales. Expertos en seguridad insisten en que la fragmentación de las bandas y la diversidad de modalidades delictivas requieren un enfoque más integral que incluya prevención social, mejor coordinación interinstitucional y políticas de control de armas más efectivas.
En las comunas afectadas, la percepción ciudadana oscila entre el temor y la exigencia de justicia. La presencia de armas de alto calibre y la circulación de drogas en barrios vulnerables alimentan una sensación de inseguridad que impacta la calidad de vida.
Conclusiones y desafíos
La acumulación de incautaciones millonarias y detenciones revela que, si bien el Estado ha logrado avances en la desarticulación de redes, el narcotráfico sigue siendo un fenómeno adaptativo y multifacético. La existencia de subcélulas, la utilización de domicilios familiares, y la mezcla de nacionalidades en las organizaciones complican la persecución judicial y policial.
Además, la vinculación de estos delitos con la violencia armada y las consecuencias sociales en las comunidades más afectadas apuntan a la urgencia de políticas públicas que trasciendan la represión y aborden las causas estructurales.
En suma, los hechos confirman que la lucha contra el narcotráfico en Chile en 2025 es un desafío de múltiples frentes: legal, policial, social y político. La claridad en las responsabilidades, la transparencia en las investigaciones y la participación ciudadana serán claves para avanzar hacia un sistema de seguridad más efectivo y legítimo.
Fuentes: BioBioChile, La Tercera, Cooperativa.cl, declaraciones oficiales de Carabineros, PDI, Ministerio de Seguridad Pública y Fiscalía Metropolitana Centro Norte.