
Un colapso anunciado y una tragedia que vuelve a poner en escena el drama de la minería artesanal en Venezuela. El 13 de octubre de 2025, un derrumbe en el corredor 'Cuatro Esquinas', en el municipio de El Callao, estado Bolívar, dejó un saldo fatal de 14 muertos. Este episodio, lejos de ser un accidente aislado, desnuda las condiciones extremas en que miles de mineros trabajan en una de las regiones más ricas en minerales del continente, pero también más desprotegidas y olvidadas por el Estado.
El derrumbe ocurrió tras días de lluvias intensas que saturaron los suelos y provocaron el colapso de varios ejes de excavación —llamados localmente “cilindros”— donde los mineros operan artesanalmente sin los mínimos estándares de seguridad. Los equipos de rescate, bomberos y voluntarios se desplegaron inmediatamente, enfrentando un terreno inestable y pozos inundados que dificultaron las labores.
Desde el principio, las autoridades reconocieron que la prioridad era bombear el agua acumulada para permitir el acceso seguro a las galerías. 'El primer paso es drenar todos los pozos del sector para disminuir el nivel de agua y luego evaluar los esfuerzos de rescate', indicaron en un comunicado, subrayando el alto riesgo que enfrentan los rescatistas.
La tragedia en El Callao no es solo una suma de números, sino el reflejo de un conflicto estructural. La minería artesanal en esta zona, parte del Arco Minero del Orinoco, se ha expandido sin control estatal efectivo, dejando a miles de trabajadores en la informalidad y la precariedad. 'Aquí no hay supervisión ni protección, solo la necesidad de sobrevivir', señala un minero local que prefirió mantener su anonimato.
Desde una mirada política, el gobierno venezolano ha sido criticado por no implementar medidas de seguridad ni políticas claras para regular esta actividad. Por otro lado, sectores sociales y ambientales denuncian la explotación indiscriminada y el impacto irreversible en el ecosistema del sur venezolano.
Para algunos analistas, esta tragedia destapa la compleja relación entre la economía informal, la pobreza estructural y la ausencia de un Estado capaz de garantizar derechos básicos y seguridad laboral. 'Mientras no se aborde el problema de fondo, estas tragedias se repetirán', advierte una experta en minería y desarrollo sostenible.
En contraste, voces regionales recuerdan que la minería artesanal es para muchos la única fuente de ingresos y que la criminalización o abandono no son soluciones viables.
Verdades que quedan al descubierto: la tragedia de El Callao es una consecuencia directa de la informalidad y la falta de regulación, que expone a los trabajadores a riesgos mortales. La ausencia de políticas públicas eficaces y la precariedad social alimentan un círculo vicioso difícil de romper.
Las consecuencias visibles: además de la pérdida humana, queda en evidencia la urgente necesidad de un diálogo amplio que incluya al Estado, comunidades locales, expertos y organizaciones ambientales para construir soluciones que protejan vidas y recursos.
Esta historia, que podría haberse evitado, es una invitación a mirar más allá del instante fatal y entender las raíces de un conflicto que se repite en silencio, lejos de los focos de la prensa inmediata, pero con un impacto profundo en la vida y el futuro del sur venezolano.