Acusación Constitucional contra el juez Ulloa: Un pulso entre justicia y política que redefine la confianza en el Poder Judicial

El caso que comenzó a tomar forma en septiembre de 2025, cuando se revelaron mensajes entre el juez de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa y el abogado penalista Luis Hermosilla, ha escalado hasta convertirse en un verdadero test de resistencia para el sistema judicial chileno. La publicación de transcripciones por Ciper y The Clinic evidenció una red de presunto tráfico de influencias que, según los querellantes, comprometía la imparcialidad del magistrado.

Tras la apertura de un cuaderno de remoción por parte de la Corte Suprema, el pleno decidió mantener a Ulloa en su cargo por falta de quórum, una decisión que no calmó las aguas. La posterior presentación de una acusación constitucional por un grupo de diez diputados, liderados por Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, marcó un giro político que ha polarizado opiniones.

La designación de la diputada Alejandra Placencia (PC) para presidir la comisión revisora intensificó el debate. En este escenario, convergen voces que defienden la independencia judicial y otras que exigen una rendición de cuentas más estricta. Por un lado, sectores conservadores y algunos representantes del oficialismo advierten que la acusación podría sentar un precedente peligroso para la autonomía del Poder Judicial. Por otro, la oposición y organizaciones ciudadanas denuncian un "notable abandono de deberes" y una falta de ética que no puede quedar impune.

Desde la región, el impacto se siente también en la percepción ciudadana, donde la confianza en las instituciones judiciales ha sufrido un desgaste visible. Encuestas recientes muestran que un 62% de los consultados cree que el sistema judicial necesita reformas profundas para evitar la politización, mientras un 28% teme que la acusación sea un instrumento para presionar a los jueces.

Este pulso entre poderes no solo revela las tensiones internas, sino que también pone en evidencia las fragilidades del sistema de control y equilibrio en Chile. La comisión revisora, integrada además por diputados de diversas tendencias —José Carlos Meza (Partido Republicano), Hotuiti Teao (Independiente-UDI), Frank Sauerbaum (RN) y Gustavo Benavente (UDI)—, refleja la complejidad de un proceso donde convergen intereses políticos, legales y sociales.

Hasta la fecha, las sesiones extraordinarias realizadas entre octubre y noviembre han expuesto testimonios, documentos y análisis que no solo revisitan el caso Ulloa, sino que abren la discusión sobre la transparencia y el rol de los jueces en la política.

En definitiva, este episodio confirma que la justicia en Chile está en una encrucijada: entre la defensa férrea de su autonomía y la exigencia ciudadana de mayor responsabilidad ética. La acusación constitucional contra Ulloa, más allá de su resultado, ha dejado claro que la confianza en las instituciones no es un patrimonio inmutable y que el equilibrio entre poderes requiere vigilancia constante.

Las verdades que emergen hasta ahora son contundentes: el sistema judicial enfrenta críticas fundadas sobre prácticas internas, pero también riesgos de instrumentalización política. La consecuencia inevitable es la necesidad urgente de reformas que fortalezcan la transparencia sin socavar la independencia, un desafío que el país deberá abordar con altura de miras y diálogo abierto.