Debate sobre el tamaño del Estado chileno: entre cifras, discursos y realidades sociales

En las semanas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2025, un debate que parecía relegado a los círculos técnicos y políticos emergió con fuerza en la arena pública: el tamaño y la calidad del Estado chileno. El 13 de octubre, el comando de José Antonio Kast afirmó que el gobierno había contratado 100.000 nuevos funcionarios públicos, cifra que buscaba ilustrar un Estado "hinchado" y plagado de "parásitos". Esta afirmación no solo fue recogida por medios afines, sino que se instaló como un eje discursivo en la campaña del candidato republicano, quien acusa a la administración anterior de un manejo irresponsable y costoso del gasto público.

Sin embargo, esta cifra fue rápidamente desmentida por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien explicó que el aumento en funcionarios responde a procesos de traspaso institucional, especialmente en sectores como salud y educación, donde trabajadores de municipios pasaron a servicios locales de educación (SLEP) y salud. Este matiz técnico, sin embargo, no logró apaciguar el debate, que se polarizó en torno a la idea de un Estado “ineficiente” versus un Estado “necesario y garante de derechos”.

El comando de Jeannette Jara, candidata de Apruebo Dignidad, respondió con dureza. Gael Yeomans, vocera de Jara, calificó de "mentiras" las afirmaciones de Kast y cuestionó duramente al asesor Cristian Valenzuela, quien había calificado al Estado como un "cuerpo hinchado lleno de parásitos". Yeomans recordó que Valenzuela mismo ha sido funcionario público en cargos bien remunerados, lo que para sus detractores evidencia una contradicción y una falta de coherencia en su crítica al aparato estatal.

Desde el prisma político, la disputa refleja dos visiones encontradas: por un lado, la derecha republicana apuesta por una reducción del Estado, enfatizando la eficiencia y reducción del gasto, y por otro, la izquierda y centroizquierda defienden un Estado robusto, capaz de garantizar derechos sociales básicos en salud, educación y protección social.

Esta controversia ha tenido repercusiones más allá del discurso electoral, incidiendo en la percepción ciudadana sobre la función del Estado y la legitimidad de sus trabajadores. En regiones, donde el acceso a servicios públicos es variable y muchas veces precario, la narrativa de un Estado “hinchado” chocó con la realidad de comunidades que dependen de la presencia estatal para su bienestar.

Además, expertos en administración pública y economía han señalado que el debate sobre el tamaño del Estado debe ir más allá de cifras absolutas y centrarse en la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público. La economista Claudia Sanhueza advierte que "la simplificación de llamar ‘parásitos’ a los funcionarios públicos no solo es injusta, sino que distrae de los problemas reales de gestión y modernización del Estado".

Desde la sociedad civil, las opiniones también divergen. Organizaciones sindicales y de derechos laborales defienden la estabilidad y valorización de los trabajadores públicos, mientras que algunos sectores ciudadanos demandan mayor fiscalización y rendición de cuentas.

En definitiva, este episodio no solo expone la pugna electoral y política, sino que pone en escena una tensión estructural en Chile: ¿qué Estado queremos y cómo lo financiamos? La disputa por las cifras y los calificativos como "parásitos" son solo la superficie de un debate más profundo sobre el rol del sector público en la vida nacional.

Lo que queda claro, a más de un mes de desatada la polémica, es que las verdades absolutas no existen. Las cifras deben ser leídas con contexto y precisión, y los discursos, por más vehementes que sean, confrontados con la realidad social y las necesidades de la población. La consecuencia tangible es que la discusión sobre el Estado chileno seguirá siendo un campo de batalla político, pero también una oportunidad para repensar su función con mirada crítica y plural.

Fuentes consultadas incluyen declaraciones oficiales del Ministerio de Hacienda, entrevistas a voceros de comandos presidenciales, análisis de expertos en administración pública y reportajes de medios nacionales como La Tercera y El Mercurio.