Presupuesto 2026: La oposición fuerza ajustes millonarios y desafía la estrategia fiscal del gobierno

Un pulso político de alta tensión se ha instalado en la tramitación del Presupuesto 2026, donde la oposición ha decidido jugar fuerte y rechazar casi todas las partidas presentadas por el Ejecutivo. Desde octubre, el bloque opositor ha expresado su descontento con la propuesta presupuestaria, argumentando sobreestimaciones en los ingresos y subestimaciones en los gastos, que dejarían un déficit cercano a los US$1.500 millones. Esta cifra, que parece pequeña en el gran esquema fiscal, se ha convertido en la piedra angular de un enfrentamiento que revela profundas diferencias sobre cómo manejar las cuentas públicas en un momento de restricciones fiscales evidentes.

Origen y evolución del conflicto

El desencuentro comenzó a tomar forma cuando la oposición, agrupada principalmente en RN y UDI, presentó una minuta con 11 cambios al Ministerio de Hacienda, buscando que se reconozcan ajustes en la Ley de Presupuestos. El documento señala una sobreestimación de ingresos por US$1.000 millones y una subestimación de gastos por cerca de US$500 millones, lo que para ellos obliga a recortes en el gasto para evitar un crecimiento irresponsable, cercano al 4%.

Felipe Donoso, diputado UDI, resumió esta posición: "Es un minuto para viabilizar la ley de Presupuestos". Sin embargo, el gobierno, representado por el ministro Nicolás Grau, ha mantenido una postura firme, negándose a negociar recortes en esta etapa, lo que llevó a que la oposición votara en bloque para rechazar casi todas las partidas.

Perspectivas enfrentadas

Desde la oposición, la crítica no solo es técnica sino también política. La senadora Ximena Rincón (Demócratas) ha señalado que el problema real es la falta de transparencia y la transferencia de un déficit al próximo gobierno. "La falta de plata es producto de las malas estimaciones del gobierno", afirmó. Para el senador José García (RN), la preocupación radica en que las proyecciones de ingresos han sido sistemáticamente optimistas, incrementando los déficits.

Por otro lado, el oficialismo defiende que el presupuesto ya incluye recortes importantes en áreas sensibles como Obras Públicas, Salud y Educación. El ministro Grau ha insistido en la necesidad de mantener un equilibrio fiscal que permita cumplir con las metas de balance sin afectar la provisión de servicios básicos.

Impacto regional y social

Uno de los focos de disputa más visibles es el financiamiento de programas sociales y la inversión en fiscalización. La oposición reclama, por ejemplo, un fortalecimiento urgente de Contraloría, que enfrenta una brecha presupuestaria significativa, y la reversión de la reducción de subsidios de vivienda, que afecta a los hogares más vulnerables.

También demandan asignaciones claras para el programa Más AMA, dirigido a prolongar la autonomía de personas mayores, y critican aumentos en gastos de bienes y servicios que consideran susceptibles de ahorro. En el plano regional, estas tensiones reflejan preocupaciones sobre cómo el ajuste fiscal puede profundizar desigualdades y afectar la capacidad del Estado para responder a demandas locales.

Consecuencias y conclusiones

Este choque presupuestario no es solo una disputa por números, sino un choque de visiones sobre el rol del Estado y la responsabilidad fiscal en un contexto de incertidumbre económica. La oposición, al rechazar la mayoría de las partidas, busca forzar una negociación que permita introducir cambios sustanciales, mientras el gobierno apuesta a mantener la coherencia de su propuesta para evitar desequilibrios mayores.

La ley de Presupuestos debe aprobarse antes del 30 de noviembre; de lo contrario, se aprueba automáticamente el proyecto del Ejecutivo. Esto pone un límite temporal que añade presión a ambas partes.

En definitiva, la discusión revela una disonancia cognitiva entre la urgencia de ajustar las cuentas públicas y la necesidad de proteger políticas sociales y de inversión. La tensión política se traduce en un desafío para la gobernabilidad y la planificación económica, con consecuencias que se extenderán más allá de la aprobación presupuestaria.

Este episodio invita a la reflexión sobre cómo se construyen los consensos fiscales en Chile y la importancia de la transparencia y el diálogo para evitar que la disputa política se transforme en un freno para el desarrollo y la estabilidad social.