
Un escándalo que no sorprende, pero que duele. El 12 de octubre de 2025, el Senado ratificó a dos nuevos ministros de la Corte Suprema, completando cupos vacantes tras la salida por edad y la remoción de una ministra implicada en filtraciones. Estas filtraciones, que expusieron chats entre la ministra Vivanco y el exfiscal Luis Hermosilla, dejaron al descubierto una red de influencias y posibles actos corruptos que han puesto en jaque la confianza ciudadana en el máximo tribunal del país.
La trama reveló negociaciones a puertas cerradas y acuerdos ilegales en la administración de justicia. Más allá de los nombres, el problema estructural es la forma en que se designan a los integrantes de la Corte Suprema: un sistema que, en teoría, busca equilibrio entre poderes, pero que en la práctica ha sido permeable a la captura política y a la opacidad.
Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, sintetizó la sensación general: "La memoria puede ser frágil cuando se intenta perpetuar la forma de hacer las cosas, pero la ciudadanía no olvida que bajo este mecanismo se gestaron múltiples actos corruptos amparados en la reserva y en acuerdos a puertas cerradas".
Desde sectores políticos conservadores, la ratificación de los abogados Astudillo y Ruz ha sido defendida como un acto que no cuestiona sus capacidades técnicas, sino que reafirma la independencia judicial. Sin embargo, para actores de oposición y organizaciones civiles, este proceso evidencia un sistema que privilegia las redes de contacto por sobre la transparencia y el mérito.
Una representante de una ONG de derechos humanos señaló: "No es solo un problema de nombres, sino de un sistema que se resiste a abrir sus puertas al escrutinio público y que mantiene prácticas opacas que erosionan la confianza democrática".
En regiones, la percepción es también crítica. Ciudadanos y profesionales del derecho advierten que la concentración de poder y la falta de mecanismos claros para evaluar a los candidatos profundizan la distancia entre la justicia y la ciudadanía.
Esta crisis no surge en el vacío. Chile ha vivido episodios similares donde la justicia ha sido cuestionada por falta de independencia y transparencia. La filtración y posterior destitución de la ministra Vivanco es apenas la punta del iceberg de un sistema que, por décadas, ha resistido reformas profundas.
La ratificación de los nuevos ministros sin un proceso público y riguroso ha generado un efecto dominó: protestas ciudadanas, debates parlamentarios y una baja histórica en la confianza en las instituciones.
Este escenario obliga a reflexionar sobre la necesidad de mecanismos que aseguren la meritocracia y la transparencia en los nombramientos judiciales, sin caer en la politización excesiva ni en el secretismo que ha marcado la historia reciente.
Queda claro que el sistema actual de nombramientos en la Corte Suprema está atrapado en una paradoja: busca equilibrio y autonomía, pero se ve minado por la opacidad y la influencia política.
La ciudadanía exige una justicia que no solo sea independiente, sino también legítima y transparente.
La crisis actual es un llamado a la acción para repensar y reformar un sistema que, según los hechos, ha aprendido poco de sus errores pasados.
Sin voluntad política y social para abrir el proceso, la desconfianza y la fractura institucional seguirán profundizándose, con consecuencias que van más allá del tribunal y afectan el tejido democrático chileno.
Fuentes: La Tercera (12/10/2025), Chile Transparente, declaraciones públicas de ONG de derechos humanos, análisis parlamentarios.