Presupuestos 2026: Entre la urgencia fiscal y la disputa política por prioridades sociales
El proyecto de Ley de Presupuestos 2026 enfrenta un escenario fiscal extremadamente restrictivo, con un déficit estructural que cerró en 3,3% del PIB en 2024, muy por encima del objetivo oficial de 1,9%, y una deuda pública que se proyecta en torno al 42,2% del PIB para este año, con un costo de intereses que supera los US$4.400 millones anuales. La estrechez fiscal obliga a un ajuste inevitable, pero la discusión pública y parlamentaria revela profundas tensiones sobre qué áreas deben sufrir recortes y cuáles deben preservarse o incluso fortalecerse.
Desde septiembre, el gobierno inició las negociaciones para presentar el proyecto al Congreso, en un calendario apretado que incluye la presión de la elección presidencial y parlamentaria de noviembre. Esto ha tensionado aún más la discusión, pues los candidatos y partidos políticos se posicionan para defender sus visiones y electorados, condicionando la aprobación del presupuesto a la transparencia fiscal y a la protección de programas sociales claves.
La oposición, especialmente sectores de derecha, ha denunciado falta de transparencia y atrasos en pagos a contratistas, lo que distorsionaría las cifras fiscales oficiales y aumentaría la deuda oculta. Diputados como Evelyn Matthei han condicionado su apoyo a la total claridad en las finanzas públicas, mientras que parlamentarios de Renovación Nacional impulsan reformas para que la Dirección de Presupuestos pueda ser políticamente responsabilizada por errores en la formulación presupuestaria.
En el Congreso, la Comisión Mixta Especial de Presupuestos anticipa un debate complejo sobre las proyecciones de ingresos, que han sido sistemáticamente sobreestimadas en los últimos años, y el margen fiscal para el gasto público, estimado en torno a un 2% de crecimiento real para 2026. Esto obligará a priorizar recursos y podría implicar recortes en gasto corriente o inversión, con voces que demandan proteger especialmente áreas como salud, educación, seguridad y vivienda.
En el oficialismo, representantes del Partido Comunista y Frente Amplio insisten en que el presupuesto debe garantizar derechos sociales y fortalecer programas que han tenido impacto positivo, como el plan de emergencia habitacional y la salud primaria. Sin embargo, reconocen que el ajuste es inevitable y que la austeridad debe ser inteligente, evitando afectar la operatividad de servicios esenciales.
El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido que, incluso con medidas correctivas, el gobierno incumplirá la meta de balance estructural en 2025, proyectando un déficit cercano al 1,8% del PIB. Esto refleja la dificultad de cuadrar ingresos y gastos en un contexto de desaceleración económica y presiones sociales crecientes.
Por otro lado, la tradición presupuestaria en Chile contempla un fondo de libre disposición para el próximo gobierno, que le permita ajustar prioridades en la instalación de su administración. Este año, dada la estrechez fiscal, la existencia o tamaño de ese fondo es incierto, y parlamentarios de oposición plantean que podría ser reemplazado por una facultad limitada de reasignación de recursos, manteniendo control y transparencia.
La Ley de Presupuestos 2026 es, por tanto, un reflejo de la tensión entre la urgencia fiscal y las demandas sociales, enmarcada en un escenario político convulso y con un calendario electoral que condiciona las negociaciones. La capacidad del Congreso y del Ejecutivo para llegar a acuerdos que permitan contener el gasto sin sacrificar derechos sociales será clave para evitar una crisis fiscal más profunda y para sentar las bases del próximo ciclo político.
En definitiva, este presupuesto es un espejo de la disonancia entre la realidad económica y las expectativas políticas y sociales. La verdad que emerge es que Chile sigue enfrentando un desafío fiscal estructural que requiere ajustes dolorosos, pero también un debate maduro y transparente sobre el modelo de Estado que se quiere financiar. La ausencia de claridad o de consenso solo profundizará la incertidumbre y el riesgo de desajustes futuros.
Fuentes consultadas incluyen análisis del Ministerio de Hacienda, reportes del Consejo Fiscal Autónomo, declaraciones parlamentarias y columnas de opinión de economistas y expertos en finanzas públicas.