A más de dos meses de las catastróficas inundaciones que devastaron el centro de Texas durante el fin de semana del 4 de julio, el nivel del río Guadalupe ha vuelto a su cauce, pero la procesión de preguntas y responsabilidades recién comienza. La cifra final, que superó los 95 fallecidos —incluyendo 27 niñas y monitoras de un campamento de verano—, dejó una herida profunda que va más allá del duelo. Hoy, la discusión en las comunidades afectadas, como el condado de Kerr, ya no se centra solo en la reconstrucción de viviendas, sino en el análisis de una cadena de fallas sistémicas que pudieron haber convertido un evento climático extremo en una tragedia evitable.
La noche del 4 de julio de 2025, mientras Texas celebraba su feriado, una tormenta de proporciones inusuales descargó casi 30 centímetros de lluvia en pocas horas. El resultado fue una crecida súbita y violenta del río Guadalupe, que aumentó su caudal en más de ocho metros en menos de una hora. La furia del agua arrasó con casas móviles, vehículos y las cabañas del histórico Camp Mystic, un campamento cristiano para niñas fundado en 1926.
Los testimonios de los sobrevivientes son un mosaico de terror, heroísmo y desamparo. Mientras dos jóvenes instructoras mexicanas, Silvana Garza y María Paula Zárate, se convertían en heroínas al salvar a 20 niñas, escribiendo sus nombres en los brazos para una posible identificación posterior, otras familias vivían el horror. Un padre, RJ Harber, tras alertar a sus vecinos, no logró llegar a tiempo para salvar a sus propias hijas, Blair y Brooke, cuyos cuerpos fueron encontrados a kilómetros de distancia, con las manos entrelazadas. Relatos como el de Lorena Guillén, quien vio desde su ventana cómo una familia entera era arrastrada por la corriente, exponen la impotencia de una comunidad sorprendida en plena noche.
La respuesta oficial inmediata se centró en el rescate. El presidente Donald Trump declaró el estado de "gran desastre", liberando ayuda federal y elogiando a los equipos de emergencia que rescataron a más de 850 personas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, llamó a la oración, atribuyendo la supervivencia de muchos a la fe. Sin embargo, a medida que el agua bajaba, emergía una narrativa paralela y crítica.
La tragedia ha abierto una profunda disonancia entre la visión de un desastre impredecible y la evidencia de una vulnerabilidad sistémica.
Por un lado, la perspectiva oficial y de algunos líderes locales, como el juez del condado de Kerr, Rob Kelly, apuntó a la naturaleza excepcional del evento. "No sabíamos que esta inundación venía. Tengan la seguridad, nadie sabía", declaró Kelly, admitiendo que la región "no tiene un sistema de alerta". Funcionarios de la División de Gestión de Emergencias de Texas afirmaron que los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) subestimaron gravemente la cantidad de lluvia, calificándolos de "claramente erróneos".
Por otro lado, una visión crítica, impulsada por residentes, expertos y políticos de oposición, cuestiona esa narrativa. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, solicitó una investigación formal sobre las vacantes en el NWS. Se reveló que las oficinas responsables de la zona afectada, en San Angelo y San Antonio, operaban con personal clave faltante, incluyendo un hidrólogo senior y un meteorólogo coordinador de alertas. Estas ausencias se enmarcan en una política más amplia de recortes presupuestarios y reducción de personal federal bajo la administración Trump, delineada en el "Proyecto 2025".
Los residentes, como Lesa Baird, fueron categóricos: "No escuché ninguna advertencia en absoluto". Esta falta de alerta oportuna expone una decisión política de fondo. El propio juez Kelly admitió que la instalación de un sistema de sirenas y monitores se había discutido en el pasado, pero fue descartada por su costo y la resistencia de los contribuyentes. "Los contribuyentes no lo pagarán", sentenció.
Esta catástrofe no ocurrió en un vacío. La región ya había sufrido una inundación mortal en 1987, que costó la vida a 10 adolescentes de un campamento religioso. Tras ese evento, se debatió la necesidad de implementar sistemas de alerta temprana a lo largo del río Guadalupe. Se reconoció que la comunicación "de boca en boca" entre los campamentos era insuficiente. Sin embargo, casi cuatro décadas después, las mismas vulnerabilidades persistieron. La decisión de no invertir en infraestructura de prevención, a pesar de los antecedentes, se presenta hoy como un factor determinante en la magnitud de la tragedia de 2025.
El tema está lejos de estar cerrado. La investigación solicitada por el Senado busca determinar si la falta de personal en el NWS fue un factor contribuyente. A nivel local, la comunidad de Kerr y otros condados enfrentan ahora una encrucijada: seguir confiando en la suerte y la oración, o asumir el costo político y económico de construir la infraestructura de alerta que pudo haber salvado vidas. Las inundaciones de Texas han dejado de ser una noticia sobre el clima para convertirse en un caso de estudio sobre la responsabilidad del Estado, las consecuencias de la austeridad en áreas críticas y la difícil conversación que las sociedades deben tener sobre cuánto vale la prevención.