Disputa familiar y sombras políticas en Puente Alto: ¿qué revela la crisis en Molino Puente Alto y la corporación municipal?
Una herencia que se desangra
Desde hace más de cuatro décadas, la familia Castaño mantiene una disputa que ha fracturado el control de Molino Puente Alto, una empresa emblemática dedicada a la molienda y elaboración de trigo y sus derivados. La pugna enfrenta a dos ramas familiares con igual participación accionaria, Rentas Los Queñes Limitada y Inversiones Bayona Limitada, cada una con el 50% de las acciones. Sin embargo, la gobernanza de la sociedad ha estado dominada de facto por Los Queñes, quienes han controlado el directorio durante casi cuarenta años, lo que ha generado un profundo quiebre que estalló en agosto de 2025 con una Junta Extraordinaria de Accionistas marcada por la falta de consenso y votaciones secretas que dejaron fuera a miembros históricos del directorio.
Manuel Castaño González, histórico presidente del Molino, describió la situación como "una de las más desagradables" vividas en su carrera, criticando la "prepotencia y agresividad" desplegada por la contraparte y advirtiendo que se diluye toda posibilidad de una separación amistosa.
La solicitud de un interventor judicial para supervisar la sociedad y la suspensión de acuerdos tomados por el denominado "falso directorio" reflejan la gravedad institucional del conflicto. La disputa no solo pone en riesgo la estabilidad de una empresa con más de 60 años de historia, sino que también expone las tensiones que pueden surgir en empresas familiares con estructuras accionarias complejas y sin mecanismos efectivos de resolución.
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Campañas políticas en horario laboral: una corporación municipal en jaque
En paralelo, la Corporación Municipal de Puente Alto se ha visto envuelta en una polémica tras descubrirse que un funcionario, Cristián Uribarri, utilizó recursos y tiempo de trabajo para producir material gráfico para campañas políticas de Renovación Nacional (RN), incluyendo figuras como Manuel José Ossandón, Karla Rubilar y Germán Codina. El alcalde Matías Toledo (IND) confirmó que el material fue elaborado en horario laboral y que se encontraron archivos editables de campañas presidenciales, municipales y plebiscitarias.
Uribarri, que además trabaja como asesor externo en el Senado para la bancada RN y ha prestado servicios en otras municipalidades, enfrenta cargos en un sumario por destrucción de bienes municipales y faltas graves a la probidad. La investigación destapó un déficit de 13 mil millones de pesos en la corporación, lo que ha profundizado la crisis administrativa y política local.
Karla Rubilar negó cualquier vinculación con Uribarri, mientras que otros involucrados, como Ossandón y Gatica, no estuvieron disponibles para comentar.
Este caso pone en evidencia la permeabilidad de las instituciones públicas a prácticas poco transparentes y la complejidad de la relación entre funcionarios públicos y estructuras partidarias, especialmente en un contexto electoral.
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La seguridad en Puente Alto bajo la lupa: PDI desarticula centro de acopio de artículos robados
En octubre de 2025, la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló un centro de acopio de especies robadas en Puente Alto, valoradas en cerca de 100 millones de pesos, incluyendo más de 170 celulares de alta gama y herramientas para la clonación de tarjetas y llaves de vehículos. La investigación, que partió por la geolocalización de un teléfono robado, reveló una red dedicada al robo con intimidación y violencia.
El llamado de la PDI a la comunidad para reconocer sus bienes y colaborar con la investigación evidencia un problema persistente de seguridad ciudadana que afecta a la comuna y que, en medio de las tensiones políticas y familiares, añade una capa más de complejidad al escenario local.
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Perspectivas encontradas y consecuencias visibles
La crisis en Molino Puente Alto refleja un clásico choque entre tradición y modernidad en empresas familiares chilenas, donde la ausencia de mecanismos claros para la resolución de conflictos puede conducir a la parálisis y deterioro institucional. Desde una perspectiva regional, la disputa amenaza la continuidad de una empresa clave en la economía local.
En la esfera política, la revelación del uso irregular de recursos públicos para campañas electorales en Puente Alto abre un debate sobre la ética y la probidad en la gestión municipal, con implicancias para la confianza ciudadana y la gobernabilidad local.
Finalmente, la desarticulación del centro de acopio de artículos robados subraya los desafíos en materia de seguridad y la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades y comunidad para enfrentar la delincuencia organizada.
Como concluye el subprefecto Carlos Guerra, jefe de la Brigada de Investigación Criminal, "la seguridad y la transparencia deben caminar juntas para restaurar la confianza en Puente Alto".
En conjunto, estos episodios configuran un escenario donde la disputa por el poder, la ética pública y la seguridad convergen, invitando a una reflexión profunda sobre las estructuras que sostienen la vida política y económica local, y la urgencia de reformas que permitan superar estas crisis con diálogo, transparencia y justicia.