Impacto prolongado tras accidente en El Teniente: la crisis que no termina en la mayor mina subterránea del mundo

En la tarde del 31 de julio de 2025, un sismo de magnitud 4,3 Mw sacudió la Divisón El Teniente de Codelco, la mayor mina subterránea del mundo, detonando un estallido de roca que dejó seis trabajadores fallecidos y paralizó parte de sus operaciones. Más de tres meses después, las consecuencias se extienden mucho más allá del trágico saldo humano, poniendo en jaque la producción cuprífera nacional y desnudando las limitaciones en la gestión de riesgos en la minería chilena.

El accidente ocurrió en el kilómetro 41 de la Carretera del Cobre, dentro del área industrial de la mina, cuando un estallido de roca generado por el sismo sobrepasó las fortificaciones internas diseñadas para eventos mucho menores. "El cerro no habló", afirmó el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, descartando la existencia de sismos menores previos que pudieran haber alertado de la tragedia. En ese sentido, la fortificación estaba preparada para movimientos de hasta 1,5 Mw, insuficiente para el evento real de 4,3 Mw que desencadenó la catástrofe.

El impacto fue doble: humano y operativo. Seis trabajadores perdieron la vida y la producción se redujo hasta en un 30% en uno de los contratos con Codelco, según reconoció la eléctrica Colbún, que suministra energía al complejo. "En su punto máximo, la disminución alcanzó un 30% en las ventas físicas de uno de los tres contratos con Codelco", explicó la gerencia de Colbún, aunque se espera que esta cifra disminuya a medida que se reanuden las operaciones.

Pero la crisis es mayor. Fuentes internas y análisis de consultoras como Bloomberg y Plusmining indican que la mina no recuperará su capacidad plena antes de 2026, y que la tasa de producción probablemente no superará las tres cuartas partes de los niveles previos durante ese año. "El impacto total no se sentirá hasta más adelante", advirtió Juan Carlos Guajardo, fundador de Plusmining.

Codelco ha revisado a la baja su estimación de producción para 2025, previendo una pérdida de 48 mil toneladas métricas, un 45% peor que la estimación inicial. Esto implica un impacto cercano a US$ 500 millones en EBITDA, superando los US$ 340 millones previstos tras el accidente.

Desde el Gobierno y la empresa estatal, se ha destacado la activación inmediata de protocolos de emergencia y la evacuación de 2.500 trabajadores, lo que evitó una tragedia aún mayor. El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, valoró el informe preliminar de Codelco pero recordó que las investigaciones oficiales continúan a cargo de la Dirección del Trabajo y Sernageomin.

"Exigiremos que se aclaren las causas del accidente y que Codelco refuerce sus protocolos de seguridad, porque nadie debería resultar herido por trabajar", enfatizó el gobernador regional de O'Higgins, Pablo Silva.

No obstante, la investigación interna de Codelco reveló que el manejo del riesgo sísmico se hizo a escala local, por proyecto o mina, y no a nivel global. Esto significó que la madurez para controlar sismos locales no fue suficiente para un evento de esta magnitud y alcance, que afectó gran parte del yacimiento.

El informe preliminar señala que el estallido de roca fue causado por un proceso de descarga vertical, producto de cambios geométricos e interacción de cavidades en el subsuelo, debilitando la estructura y facilitando el desplazamiento del material rocoso. Como respuesta, se han propuesto medidas como estudios más profundos del terreno, nuevos métodos de preparación del macizo rocoso, refuerzos estructurales y un plan de monitoreo global y a largo plazo.

Las áreas más afectadas, Andesita y Recursos Norte, permanecerán cerradas hasta diciembre de 2026, cuando se espera el informe final y la incorporación de recomendaciones. Mientras tanto, otras secciones como Andes Norte y Diamante han comenzado un proceso progresivo de normalización.

Este accidente no solo pone en evidencia los riesgos físicos inherentes a la minería subterránea en Chile, sino que también abre un debate sobre la necesidad de una gestión integral del riesgo sísmico a nivel sistémico, la actualización de protocolos y la exigencia de mayores estándares de seguridad para proteger a los trabajadores y la producción nacional.

Desde la industria y la academia, se plantea que la tragedia debe ser un punto de inflexión para repensar la planificación y operación de las minas más profundas del mundo, que enfrentan desafíos geotécnicos crecientes en un contexto de alta demanda global por cobre.

En definitiva, la historia de El Teniente en 2025 es una tragedia que aún está en desarrollo, con consecuencias económicas y sociales que se extenderán en el tiempo y que requieren un compromiso conjunto entre empresa, Estado y sociedad para evitar que vuelva a repetirse.