Destitución de Dina Boluarte en Perú: Un desenlace acelerado que expone fracturas profundas
El 9 de octubre de 2025 quedará marcado como el día en que el Congreso peruano, dominado por fuerzas de derecha, destituyó de manera exprés a la presidenta Dina Boluarte. La medida, adoptada con 122 votos a favor, se fundamentó en la acusación de "incapacidad moral permanente" para enfrentar la escalada de inseguridad y violencia que azota al país. En cuestión de horas, el presidente del Congreso, José Jerí, asumió la presidencia interina, convirtiéndose en el séptimo mandatario en menos de una década.
Este desenlace no fue un hecho aislado, sino la culminación de un proceso que comenzó meses antes, cuando Boluarte, tras suceder a Pedro Castillo en 2022, enfrentó crecientes críticas por su gestión y una impopularidad récord, con un respaldo ciudadano cercano al 3%. Cuatro mociones de destitución fueron admitidas a trámite en el Congreso el mismo día de su caída, evidenciando el desgaste político y la pérdida de apoyo incluso dentro de sus antiguos aliados.
Desde la perspectiva política, la destitución refleja un choque de fuerzas que no solo involucra a Perú sino que reverbera en la región. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum calificó la remoción como "un golpe de Estado", respaldando al expresidente Castillo y negando legitimidad al gobierno de Boluarte, a quien nunca reconoció. Esta postura ha tensado aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países, con Perú declarando persona non grata a Sheinbaum y México manteniendo su apoyo a la izquierda peruana.
En Perú, la reacción ciudadana fue diversa y polarizada. Mientras sectores de derecha y grupos conservadores celebraron la caída de Boluarte, acusada de corrupción y de una dura represión que dejó al menos 49 muertos en protestas, simpatizantes de la exmandataria la defendieron, resaltando su llamado a respetar las decisiones democráticas y su negativa a buscar asilo en el extranjero, como ella misma declaró tras la destitución.
En términos económicos, la inestabilidad política tuvo un impacto inmediato aunque contenido. El sol peruano se depreció ligeramente y el mercado bursátil reflejó incertidumbre, con caídas selectivas en sectores clave. Sin embargo, analistas destacan que la transición se mantiene dentro del marco constitucional y que el proceso electoral de abril de 2026 sigue en curso, lo que podría estabilizar el escenario si el nuevo gobierno logra contener el malestar social.
El caso Boluarte es también un espejo de la profunda crisis institucional que vive Perú desde 2016, cuando ningún presidente ha logrado completar su mandato. La fragmentación política, la judicialización de la política y la polarización social han erosionado la gobernabilidad y la confianza ciudadana.
Finalmente, la destitución abre interrogantes sobre el futuro inmediato del país: ¿podrá José Jerí, un abogado de 39 años y presidente del Congreso con denuncias archivadas, conducir un gobierno de transición capaz de pacificar y preparar elecciones limpias? ¿O se profundizarán las divisiones sociales y políticas que han marcado la última década?
Lo cierto es que este episodio desnuda las fragilidades del sistema político peruano y la compleja relación entre democracia, justicia y legitimidad popular en un país que sigue buscando estabilidad y un rumbo claro.
“En democracia las decisiones se aceptan y no somos dueños de los cargos”, dijo Boluarte al aceptar su salida, mientras que Sheinbaum desde México afirmó que “fue un golpe de Estado”, mostrando la disparidad de visiones que seguirá marcando la historia política peruana en los próximos meses.
Fuentes: Cooperativa.cl, La Tercera, El País México, Bloomberg.