Fiscalía indaga inconsistencias en pesaje de droga incautada: un fallo que pone en jaque la cadena de custodia
El pasado 5 de noviembre, la Fiscalía abrió una investigación formal tras detectarse presuntas inconsistencias en los informes de pesaje de droga incautada en centros de salud, un eslabón fundamental en la cadena de recepción y destrucción de sustancias ilícitas en Chile. La denuncia fue motivada por un informe preliminar de la Contraloría General de la República, que reveló fallas en el registro y diferencias en los pesos consignados en las actas oficiales.
Desde entonces, la Brigada Anticorrupción de la PDI ha intervenido en varios recintos asistenciales de la Región Metropolitana, incautando documentación clave para esclarecer si existió manipulación o negligencia en el manejo de la evidencia. Aunque la Fiscalía advierte que aún es prematuro hablar de delitos concretos, el caso ha generado una ola de cuestionamientos sobre la transparencia y rigurosidad de los procesos que sustentan las investigaciones penales por tráfico de drogas.
Perspectivas enfrentadas
Desde el ámbito institucional, la Fiscalía y la PDI sostienen que la investigación busca garantizar la integridad del sistema y evitar que eventuales irregularidades 'deslegitimen las causas y condenas relacionadas con el narcotráfico'. La Contraloría, por su parte, insistió en la necesidad de una auditoría exhaustiva para corregir las falencias administrativas detectadas.
En contraste, organizaciones de derechos humanos y expertos en justicia penal advierten que 'la opacidad y la falta de controles efectivos en esta etapa pueden abrir la puerta a abusos y errores judiciales'. Para ellos, la sospecha de inconsistencias pone en tela de juicio no sólo la persecución del delito, sino también el respeto a las garantías procesales de los imputados.
Impacto regional y social
En regiones fuera de la capital, donde la cadena de custodia suele ser más frágil por limitaciones logísticas, la noticia ha generado preocupación entre las policías y el sistema judicial, que temen un efecto dominó en la eficacia de los decomisos y en la confianza pública. Por otro lado, sectores sociales afectados por la violencia ligada al narcotráfico reclaman que la investigación no se traduzca en paralización de los operativos, advirtiendo que 'el combate a las drogas no puede detenerse por fallas administrativas'.
Constataciones y consecuencias
A diez días del inicio de la indagatoria, se confirma que la cadena de custodia en el manejo de droga incautada presenta vulnerabilidades que pueden afectar tanto la persecución penal como la credibilidad institucional. La Fiscalía enfrenta el desafío de deslindar responsabilidades sin entorpecer la lucha contra el narcotráfico, mientras que el sistema judicial deberá evaluar con rigor las pruebas que podrían ser cuestionadas por estas inconsistencias.
En definitiva, el caso pone en evidencia una tensión estructural: la necesidad de procesos impecables y transparentes frente a la urgencia de resultados en un contexto donde la droga sigue siendo un problema central para la seguridad y la convivencia ciudadana. La resolución de esta investigación marcará un precedente clave para el equilibrio entre justicia, control institucional y confianza pública en Chile.