
Un acto de reconocimiento que llega con décadas de demora. El pasado octubre, Chile ofreció una disculpa pública en la Embajada chilena en Londres a la familia de Leopoldo García Lucero, uno de los sobrevivientes de las torturas más crueles durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). García Lucero, quien fue detenido en el Estadio Nacional y posteriormente exiliado al Reino Unido, falleció en 2021 con secuelas físicas y psicológicas permanentes tras sufrir torturas que marcaron su vida y la de sus cercanos.
Este gesto, aunque simbólico, emerge en un contexto de reconocimiento de las demoras y falencias del Estado chileno en investigar y sancionar a los responsables de tales crímenes. El principal sospechoso, un militar del Ejército, murió en 2022 en Estados Unidos sin haber sido extraditado a Chile, lo que imposibilitó una condena penal definitiva. “El daño adicional provocado por las prolongadas demoras del Estado chileno en investigar y enjuiciar al principal sospechoso de tortura”, fue expresamente reconocido en la ceremonia, según el comunicado de REDRESS, organización de derechos humanos que acompañó el proceso.
La embajadora chilena en Reino Unido, Ximena Fuentes, destacó que este acto “sirve como reafirmación del compromiso del Estado chileno con la verdad, la justicia y la reparación”. Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, anunció medidas para mejorar los procedimientos de extradición en casos de crímenes internacionales, buscando mayor transparencia y responsabilidad institucional.
El caso de Leopoldo García Lucero tiene un lugar especial en la historia de los derechos humanos en Chile y América Latina. Fue el primer caso de una víctima viva de violaciones durante la dictadura resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013, que condenó al Estado chileno por la demora injustificada en la investigación.
Sin embargo, la reparación simbólica y legal no ha cerrado las heridas. María Elena Klug, hija de García Lucero, expresó durante la ceremonia: “La familia lleva cicatrices psicológicas y todos somos víctimas de estas injusticias. Este tipo de impactos rara vez son tomados en cuenta”. Este reconocimiento público en Londres, donde Leopoldo vivió exiliado durante 50 años, es también un recordatorio de la diáspora forzada y el costo humano que significó la dictadura para muchas familias chilenas.
Desde distintas perspectivas, el acto ha sido valorado como un paso necesario pero insuficiente. Para organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, la demora en la justicia y la falta de extradición reflejan las persistentes dificultades del sistema chileno para enfrentar su pasado represivo y garantizar justicia plena.
Por otro lado, voces críticas advierten que el reconocimiento debe ir acompañado de políticas públicas efectivas y un compromiso real para evitar la impunidad, incluyendo la protección de los derechos de las víctimas y sus familias.
Este episodio se inserta en un debate más amplio sobre memoria, justicia y reparación en Chile, donde la sociedad continúa confrontando las secuelas de la dictadura. La presencia de actos como este en el extranjero, en lugares donde la comunidad chilena en el exilio se estableció, también refleja la dimensión global del trauma y la lucha por la verdad.
En definitiva, la disculpa pública en Londres es un gesto que, aunque tardío, abre una ventana para reflexionar sobre la importancia de la memoria histórica, la responsabilidad estatal y la necesidad de avanzar en la justicia transicional para sanar heridas que aún permanecen abiertas en Chile y su diáspora.