
El cuerpo de Valentina Alarcón, de 26 años, apareció el 10 de noviembre en una propiedad de La Pintana, un espacio vinculado a la venta de drogas y controlado por bandas criminales. La joven había desaparecido el 25 de octubre en Puente Alto y fue encontrada semidesnuda, amarrada y con signos evidentes de violencia. La investigación, que se extendió por casi tres semanas, culminó con la detención de Robinson René Saunders González, conocido como “El Cebolla” o “El Colombiano”, un hombre de 33 años con antecedentes policiales y presunto integrante de una organización criminal que opera en la población El Castillo.
La clave para avanzar en el caso fue la georreferenciación del celular de Valentina, que situó sus últimos movimientos en La Pintana. Según detalló la fiscal Pamela Bustamante, la joven llegó al domicilio para consumir droga, una práctica que ella mantenía y que la expuso a un entorno peligroso. Un testigo protegido, que presenció la agresión sexual pero no denunció inmediatamente, fue fundamental para reconstruir la secuencia de los hechos y señalar a Saunders como responsable del femicidio con violación y robo con homicidio.
La fiscalía sostiene que el crimen no está directamente vinculado a la dinámica delictiva de la banda, sino que fue un hecho circunstancial, producto del contexto de vulnerabilidad en que se encontraba la víctima. “El deceso se produce en un lugar peligroso, controlado por una organización criminal, pero no por un ajuste de cuentas o conflicto interno”, explicó el fiscal Alex Cortez.
Desde la PDI, el prefecto inspector Jorge Abate enfatizó que la víctima fue víctima de un crimen brutal en un espacio dominado por el narcotráfico. Por su parte, la fiscalía destaca la importancia de abordar el caso con perspectiva de género y reconocer la vulnerabilidad de Valentina, quien, pese a su consumo de drogas, no merecía la violencia que sufrió. “Él abusó de la vulnerabilidad de una joven que estaba disminuida por la droga, pero eso no justifica ni explica la brutalidad del ataque”, señaló la fiscal Bustamante.
En paralelo, organizaciones sociales y expertos en políticas de drogas han señalado que este caso desnuda la compleja relación entre consumo, marginalidad y violencia en sectores periféricos. La criminalización y la falta de redes de apoyo perpetúan situaciones donde mujeres jóvenes quedan expuestas a riesgos extremos.
Saunders fue formalizado y quedó en prisión preventiva, enfrentando cargos que podrían llevarlo a presidio perpetuo. El tribunal fijó un plazo de 180 días para la investigación, que sigue abierta para esclarecer la participación de posibles cómplices y el contexto completo del delito.
Este caso, más allá de su tragedia individual, pone en evidencia las grietas sociales que permiten que jóvenes como Valentina transiten espacios donde la violencia y el consumo se entrelazan fatalmente. La justicia avanza en la búsqueda de sanción para el responsable, pero el debate sobre prevención, apoyo y políticas públicas continúa, con voces que reclaman un enfoque integral y sensible a las realidades que viven los sectores más vulnerables.
En definitiva, la historia de Valentina Alarcón no es solo un crimen que conmueve, sino un espejo de las tensiones y desafíos que enfrenta Chile en materia de seguridad, salud pública y justicia social.