Corte aprueba desafuero de Joaquín Lavín León: corrupción y política en un duelo sin tregua
El 16 de octubre de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago tomó una decisión que marca un antes y un después en la carrera política de Joaquín Lavín León, exdiputado y exmilitante de la UDI. Tras tres aplazamientos y un proceso cargado de tensiones, el tribunal aprobó el desafuero solicitado por la Fiscalía Metropolitana Oriente, permitiendo avanzar hacia una formalización judicial que enfrenta al parlamentario con graves cargos.
Un proceso que maduró entre hechos y disputas
La investigación que terminó con esta resolución se sustenta en una compleja trama que involucra la emisión reiterada de facturas ideológicamente falsas por más de $93 millones al Congreso, fondos públicos desviados para financiar campañas políticas y un presunto rol de 'alcalde en las sombras' en la Municipalidad de Maipú durante la gestión de su esposa, Cathy Barriga, también imputada por corrupción y con medidas cautelares vigentes.
La Fiscalía, representada por la fiscal Constanza Encina, presentó un detallado dossier que incluye la creación y uso de una plataforma tecnológica llamada Socialtazk, financiada con fondos reservados del Congreso, y utilizada para beneficiar a candidatos de la UDI a nivel nacional. 'El imputado rinde facturas para gastos ajenos a su función parlamentaria, ocasionando un perjuicio fiscal considerable', argumentó la persecutora ante el tribunal.
Voces enfrentadas: defensa y acusación en el coliseo judicial
Desde la defensa, el abogado Cristóbal Bonacic denunció una investigación que, a su juicio, carece de objetividad y busca despojar al diputado de su inmunidad para someterlo a un proceso judicial sin fundamentos sólidos. 'Con el desafuero se busca evitar que los parlamentarios puedan verse expuestos a investigaciones carentes de objetividad y racionalidad', afirmó, anticipando una apelación que podría elevar la causa a la Corte Suprema.
Por su parte, sectores políticos y sociales observan este desenlace como un episodio emblemático que refleja la persistente lucha contra la corrupción en la política chilena. Sin embargo, también genera inquietudes sobre el uso político de los procesos judiciales y la fragilidad de la confianza ciudadana en las instituciones.
Impacto regional y nacional
La influencia de este caso trasciende Maipú, donde se concentraron las irregularidades administrativas y políticas. En el plano nacional, el desafuero de un parlamentario con un perfil público tan visible reabre el debate sobre la transparencia en el financiamiento político y la rendición de cuentas en el Congreso.
Además, la relación entre Lavín y Barriga, ambos con causas judiciales paralelas, añade una dimensión familiar y simbólica que alimenta la atención mediática y social.
Constataciones y consecuencias
La resolución del desafuero confirma que existen méritos suficientes para que la justicia investigue sin las protecciones del fuero parlamentario, un paso clave para la profundización del caso.
Este episodio pone de manifiesto la complejidad de desentrañar redes de corrupción que combinan elementos políticos, administrativos y tecnológicos. También evidencia la tensión entre la protección institucional de los parlamentarios y la exigencia ciudadana de transparencia.
A futuro, la apelación ante la Corte Suprema y el desarrollo del proceso judicial serán determinantes no solo para la suerte de Joaquín Lavín León, sino para la percepción pública sobre la eficacia y equidad del sistema judicial chileno en casos de alta connotación política.
En definitiva, este desafío judicial se presenta como un espectáculo dramático donde se cruzan poder, impunidad y justicia, con un público nacional atento a cada movimiento en este coliseo de la política chilena.