Acusación Constitucional a Diego Pardow: Defensa y Comisión Revisora en el Ojo del Huracán

Un enfrentamiento político y jurídico que ha ido madurando en los últimos días llega a un punto crucial. El 12 de noviembre de 2025, la defensa del exministro de Energía Diego Pardow presentó un documento de 121 carillas ante la Comisión Revisora que estudia la acusación constitucional en su contra. En este extenso texto, el abogado defensor Francisco Cox argumenta que las imputaciones en contra de Pardow se basan en supuestos errados acerca de las responsabilidades legales y técnicas del Ministerio de Energía y los organismos vinculados, en particular la Comisión Nacional de Energía y Transelec.

La acusación señala que Pardow habría infringido la probidad administrativa al emitir un decreto tarifario que habría provocado alzas en la cuenta de la luz y, además, por no haber corregido sobrecargos derivados de una valoración errónea del capital de Transelec.

Sin embargo, la defensa sostiene que 'suponer que la ley ha decidido concentrar en los Ministros de Estado la responsabilidad por la actuación de cada órgano y organismo perteneciente a su sector resulta imposible, ilógico e inútil', y que 'el ministro carece de facultades legales para dirigir o intervenir en decisiones técnicas de la Comisión Nacional de Energía, cuyo carácter descentralizado y autónomo debe ser respetado'. Además, se destaca que Transelec comunicó oportunamente las inconsistencias detectadas, y que se activaron auditorías y procedimientos para corregir errores tarifarios.

En paralelo, la Comisión Revisora, presidida por el diputado Jaime Mulet (FRVS), confirmó la convocatoria para sesionar en doble jornada el viernes 14 de noviembre en Valparaíso. Esta sesión buscará recibir la respuesta formal de Pardow y avanzar en el informe que recomendará a la Cámara si aprueba o rechaza la acusación. No obstante, la votación aún está en suspenso, pues el exministro tiene la opción legal de solicitar diligencias adicionales, lo que podría extender los plazos.

Mulet ha expresado que respetará este derecho y no acortará los tiempos arbitrariamente, mientras que el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), ha señalado que no descarta convocar a sesión el sábado para acelerar el proceso si el informe se despacha el viernes.

Además, la comisión planea invitar a los máximos ejecutivos de Transelec y de empresas generadoras vinculadas, así como a otras personas propuestas por parlamentarios o la defensa, en un intento por esclarecer todos los hechos que rodean la acusación.

Este escenario ha encendido debates en distintos frentes:

- Desde la defensa legal, que reclama un análisis riguroso del marco normativo y las competencias reales del Ministerio y organismos técnicos.
- Por parte de parlamentarios opositores y oficialistas, que ven en esta acusación un test de la responsabilidad política y técnica en la gestión energética.
- Y en el sector energético y empresarial, que observa con atención las implicancias para la regulación y estabilidad del mercado eléctrico.

Las verdades que emergen hasta ahora son claras: el caso Pardow no es un simple juicio político, sino un choque entre interpretaciones sobre la estructura del Estado y la distribución de responsabilidades en áreas técnicas complejas. La acusación pone en tensión la autonomía de organismos técnicos frente a la conducción política, y la defensa desafía la idea de una responsabilidad ministerial absoluta.

Las consecuencias de este proceso irán más allá del destino de Pardow. Determinarán cómo se entiende y aplica la responsabilidad administrativa y política en sectores estratégicos, y cómo se articula el equilibrio entre descentralización técnica y control político.

Para quienes siguen el caso, la invitación es a observar con atención el desarrollo de la Comisión Revisora, que aún tiene la palabra definitiva, y a comprender que el entramado legal y político que rodea la acusación es tan complejo como crucial para el futuro de la gobernanza energética en Chile.