Prisión preventiva en San Bernardo: el caso que desnuda fallas y debates sobre violencia sexual y seguridad ciudadana
En San Bernardo, la detención y prisión preventiva de un hombre acusado de múltiples violaciones y abusos sexuales ha removido una herida profunda en la percepción ciudadana sobre la seguridad y la justicia.
El 8 de octubre de 2025, el Ministerio Público formalizó a un hombre de 36 años por dos delitos de robo con violación, aunque la investigación preliminar apunta a al menos seis víctimas. Su modus operandi, según las diligencias, consistía en contactar a mujeres a través de Facebook simulando ser una mujer y luego concertar entrevistas de trabajo falsas para llevarlas a lugares apartados, donde cometía los ataques y robos.
Lo que agrava el caso es que el acusado posee antecedentes penales por homicidio, condenado en 2014, y cumplía una libertad vigilada al momento de los hechos. Esto ha generado un debate candente sobre los mecanismos de control y rehabilitación que el sistema penal ofrece, y la percepción de impunidad que ello puede generar en la ciudadanía.
Desde el entorno social y familiar de las víctimas, la indignación es palpable. "Queremos justicia, que no quede en palabras, que este hombre no vuelva a hacer daño a nadie más", expresó una familiar que prefirió mantener su identidad en reserva. En tanto, vecinos y organizaciones locales han convocado a diversas manifestaciones para exigir mayor presencia policial y políticas públicas que aborden la violencia de género desde sus raíces.
En el plano institucional, la Fiscalía ha enfatizado que la investigación sigue abierta y que se están levantando antecedentes para establecer si existen más víctimas. El fiscal Paul Martinson señaló que "la formalización inicial es por dos casos, pero no descartamos que haya más afectados".
Por otro lado, voces desde sectores políticos y expertos en seguridad y derechos humanos advierten que este caso refleja una crisis más amplia: la insuficiente articulación entre el sistema judicial, los programas de reinserción social y las políticas de prevención del delito. Algunos plantean que la libertad vigilada, tal como está concebida, no garantiza la protección efectiva de la ciudadanía, especialmente en delitos de alta peligrosidad.
Sin embargo, otros actores llaman a evitar la simplificación y a respetar el debido proceso, recordando que la presunción de inocencia debe mantenerse hasta que se demuestre lo contrario, y que el sistema debe fortalecer tanto la sanción como la rehabilitación.
El caso de San Bernardo ha puesto en evidencia no solo la brutalidad de los crímenes, sino también las tensiones entre seguridad, justicia y derechos humanos, en un contexto donde la violencia sexual sigue siendo una de las expresiones más dramáticas de la desigualdad y la vulnerabilidad social.
En conclusión, tras más de un mes desde la detención, la historia se ha desplegado en varios frentes: víctimas y comunidades que exigen protección y justicia, instituciones que intentan responder con recursos limitados y protocolos cuestionados, y un país que se enfrenta a la urgencia de repensar su enfoque hacia la seguridad y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
El desenlace judicial y social de este caso será un termómetro de la capacidad del Estado y la sociedad chilena para abordar de manera integral y efectiva la violencia sexual, más allá de la conmoción inmediata y los titulares fugaces.