Amenazas a la Corte Suprema: un desafío a la estabilidad democrática chilena

El 8 de octubre de 2025, la Corte Suprema de Chile se vio sacudida por la revelación de una amenaza de atentado contra su presidente, el ministro Ricardo Blanco. Este hecho, que no solo conmueve al máximo tribunal sino que también pone en jaque la seguridad institucional, ha sido objeto de una investigación reservada encabezada por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros.

Desde entonces, Blanco se encuentra bajo protección policial 24/7, una medida excepcional que refleja la gravedad del contexto. La alerta surgió a partir de una denuncia de Roberto Ossandón, hermano del senador Manuel José Ossandón (RN), quien informó sobre una lista de autoridades susceptibles de ser atacadas, en la que figuraban ambos, el presidente del Senado y el titular de la Corte Suprema.

Diversidad de perspectivas: entre la preocupación y la crítica

El Poder Judicial, mediante la ministra vocera María Soledad Melo, ha manifestado públicamente su inquietud, subrayando que el presidente de la Corte es la tercera autoridad del país y que cualquier amenaza contra él representa un ataque al sistema democrático. "No podemos estar frente a situaciones de este tipo cotidianamente, y más aún cuando se trata de una autoridad de la relevancia que él tiene", afirmó Melo.

Desde sectores políticos, las reacciones han sido variadas. Algunos actores de derecha y centro han enfatizado la necesidad de reforzar la seguridad y condenar enérgicamente cualquier intento de intimidación a las autoridades. En cambio, voces críticas de izquierda y movimientos sociales han señalado que estas amenazas reflejan un clima de polarización y tensión que se ha ido gestando en el país, producto de una crisis política y social más profunda.

Contexto y consecuencias visibles

Este episodio no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un escenario donde la institucionalidad chilena enfrenta desafíos crecientes. La Corte Suprema ha debido lidiar con cuestionamientos públicos, presiones políticas y un aumento en la conflictividad social durante los últimos años. La existencia de listas con nombres de autoridades "susceptibles" a ataques es un síntoma alarmante de la radicalización que permea ciertos sectores.

Además, la investigación judicial ha puesto en evidencia la complejidad de monitorear y prevenir amenazas en un entorno donde la desinformación y los discursos de odio proliferan en redes sociales y otros espacios digitales.

Constataciones finales

Tras más de un mes desde que se conoció la amenaza, se puede concluir que:

- La seguridad de las autoridades judiciales es un reflejo directo del estado de salud democrática del país.

- Las amenazas no solo representan un riesgo físico, sino que erosionan la confianza en las instituciones.

- La pluralidad de voces revela una tensión latente entre la defensa del orden institucional y las críticas a un sistema que muchos perciben como distante o insuficiente para canalizar demandas sociales.

Este episodio invita a la reflexión sobre cómo Chile enfrenta sus conflictos internos y cómo se puede proteger la integridad de sus instituciones sin perder de vista las causas profundas que generan malestar y polarización.

Fuentes consultadas incluyen reportajes de Cooperativa.cl, declaraciones oficiales del Poder Judicial y análisis políticos de diversos sectores.