Economía chilena frente a 2026: estabilidad, desafíos fiscales y la encrucijada del gasto público

En un escenario donde la economía chilena muestra signos de resiliencia, la figura del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se ha convertido en el epicentro de un debate que trasciende números y cifras para entrar en el terreno político, social y estratégico. Desde septiembre hasta octubre de 2025, Grau ha protagonizado una serie de declaraciones y encuentros que permiten analizar con mayor profundidad el estado actual y las perspectivas de la economía nacional.

La economía que crece, invierte y mantiene la inflación bajo control

El Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre confirmó un crecimiento proyectado para 2025 entre 2,25% y 2,75%, con una inversión que se espera crezca un 5,5% y una inflación que se mantiene controlada. El ministro Grau celebró estos datos, destacando que esta combinación representa un escenario positivo para Chile: una economía que crece, que invierte y que protege el poder adquisitivo de las personas.

Sin embargo, esta estabilidad no está exenta de tensiones. Grau ha reconocido que el problema fiscal del país no es nuevo y se remonta al menos a 2012, cuando el gasto público comenzó a crecer sobre la base de expectativas de crecimiento que luego no se materializaron. “Gastamos más porque pensábamos que el crecimiento potencial era mayor y que se iba a recuperar”, afirmó.

El empleo público y la polémica de los 100 mil funcionarios

Uno de los episodios más álgidos durante los últimos meses fue la controversia en torno a la supuesta contratación de 100 mil funcionarios públicos durante el gobierno actual. El ministro Grau desmintió esta cifra, explicando que el aumento en el empleo público entre 2021 y 2024 se concentró principalmente en instituciones autónomas, como municipios y servicios de salud y educación, y no en la administración directa del gobierno.

“Si se echaran a los que efectivamente fueron contratados no se ahorrarían más de US$200 millones, menos del 4% del recorte fiscal propuesto”, señaló Grau, poniendo en evidencia la falta de consistencia en las cifras presentadas por la oposición. Este debate no solo expone la fragmentación política, sino también las tensiones sociales que implica cualquier intento de ajuste fiscal que pueda afectar derechos sociales básicos.

Vivienda social: entre la ejecución presupuestaria y la deuda con constructoras

Otro foco de atención ha sido la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), cuestionada por supuestas deudas millonarias con constructoras de viviendas sociales. Grau negó una deuda de US$1.000 millones y aseguró que no ha habido quiebras en el sector, atribuyendo los retrasos a descalces temporales en la ejecución presupuestaria y reasignaciones entre regiones.

El ministro defendió la gestión del titular de Vivienda, Carlos Montes, y anunció que esta cartera será una de las que experimentará mayores aumentos presupuestarios en 2026, en línea con el compromiso de mantener y potenciar la construcción de viviendas sociales. “El presupuesto de vivienda ha aumentado un 37% en términos reales durante este gobierno”, destacó.

El progresismo y la estrategia política para la economía

Más allá de los números, Grau ha reflexionado sobre la estrategia política necesaria para impulsar transformaciones profundas y sostenidas. “El progresismo debe ir todo junto”, afirmó, reconociendo que la fragmentación en el bloque oficialista puede limitar la capacidad de llevar adelante reformas estructurales. Esta visión estratégica se enmarca en la búsqueda de acuerdos amplios, incluyendo la relación con el sector privado, que Grau ha reconocido desconocer en profundidad al inicio de su gestión, pero que ahora valora como un actor innovador y necesario.

Constataciones y consecuencias

El análisis de estos meses muestra que la economía chilena, pese a las incertidumbres globales, mantiene un equilibrio relativo que ha sido valorado por organismos multilaterales y agencias de riesgo. Sin embargo, el desafío fiscal sigue latente, con la necesidad de transparentar y fundamentar las propuestas de recorte y gasto. La polémica sobre el empleo público y la deuda en vivienda social revelan tensiones entre la percepción política y la realidad técnica, que requieren un debate informado y responsable.

Finalmente, la apuesta por un progresismo unido y una política industrial que incluya la agenda verde, reflejan la complejidad de un país que busca crecer de manera sostenible y justa, pero que debe enfrentar las contradicciones internas y las presiones externas. El camino hacia 2026 estará marcado por cómo se resuelvan estas tensiones y la capacidad del gobierno y la oposición para construir consensos con mirada de largo plazo.

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Fuentes: La Tercera, Diario Financiero, Radio 13C, declaraciones oficiales del ministro Nicolás Grau, informes del Banco Central y Consejo Fiscal Autónomo.