
En medio de una atmósfera de creciente tensión política y cuestionamientos al sistema judicial, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el avance de la acusación constitucional contra el ministro Antonio Ulloa de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta decisión, tomada el 29 de octubre, fue el desenlace de un proceso que se inició semanas antes y que ha puesto en evidencia las grietas que atraviesan las instituciones y la política chilena.
La acusación se gestó luego de que la Corte Suprema, en un fallo dividido, decidiera no destituir a Ulloa, tras su vinculación con el llamado caso Hermosilla. Este episodio, que ha sido objeto de debate público y político, involucró presuntas irregularidades en la actuación del juez, lo que motivó a un grupo de parlamentarios, principalmente de oposición, a impulsar la acción constitucional.
El 8 de octubre, la Cámara definió a los integrantes de la comisión que analizaría la acusación, conformada mayoritariamente por parlamentarios opositores, con solo un representante oficialista. La comisión fue el escenario donde se confrontaron las distintas visiones sobre la pertinencia y fundamentos del proceso.
Desde la oposición, voces como la diputada comunista Alejandra Placencia han defendido la acusación como un mecanismo legítimo para garantizar la responsabilidad judicial. Placencia sostiene que "es necesario que los jueces respondan ante el Congreso cuando existen evidencias claras de conductas inapropiadas". Esta postura enfatiza la necesidad de un control político efectivo sobre el Poder Judicial para evitar impunidad.
En contraste, sectores oficialistas y algunos independientes advierten sobre los riesgos de politizar la justicia. Diputados como Frank Sauerbaum (RN) han reconocido la existencia de antecedentes, pero también han manifestado preocupación por "la instrumentalización política que podría afectar la independencia judicial". Esta inquietud refleja un temor a que el proceso derive en un precedente que socave la autonomía de los tribunales.
La defensa del ministro Ulloa, encabezada por el abogado Domingo Hernández, intentó detener el avance mediante una cuestión previa, alegando inhabilidades de algunos parlamentarios y posibles dobles sanciones. Sin embargo, esta estrategia fue rechazada con contundencia en la Cámara, con 127 votos en contra y solo uno a favor.
Aunque el caso tiene su epicentro en Santiago, su repercusión se ha sentido en distintas regiones, donde la confianza en la justicia se encuentra erosionada. Ciudadanos y organizaciones sociales han seguido el proceso con atención, reflejando una demanda creciente por transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial.
Algunos sectores sociales ven en la acusación una oportunidad para fortalecer mecanismos de control y garantizar que la justicia no sea un poder intocable. Otros, en cambio, temen que el conflicto político deteriore aún más la percepción pública y la estabilidad institucional.
Este episodio pone en evidencia una verdad incómoda para Chile: la tensión entre la independencia judicial y el control político es un terreno frágil y conflictivo. La acusación contra Ulloa no solo cuestiona a un juez, sino que refleja un choque de poderes y visiones sobre cómo debe funcionar la democracia.
El desenlace, aún pendiente en el Senado, marcará un precedente sobre el equilibrio entre autonomía judicial y responsabilidad política. Más allá del resultado, el caso ha servido como espejo para una sociedad que demanda justicia, pero también teme la politización de sus instituciones.
En definitiva, la acusación constitucional contra Antonio Ulloa es un desafío para todos los actores involucrados y para la ciudadanía: cómo proteger la independencia judicial sin renunciar a la exigencia de transparencia y ética. La tragedia no es solo de un juez, sino de un sistema que busca definirse en medio de la tormenta.